La jueza Loretta Preska no hizo lugar a un último pedido del Gobierno para extender el plazo para presentar garantías por el caso YPF. El rechazo al recurso, que se presentó a través del estudio Sullivan & Cromwell LLP, deja al país a expensas de los pedidos de embargo, ya que la fecha límite era el 10 de enero.
La Argentina buscaba retrasar el pago de una sentencia judicial por u$s 16.000 millones en el caso de la nacionalización de la empresa. Para ello había presentado una nueva apelación alegando que "pagar la sentencia o depositar una fianza durante la apelación causaría graves dificultades al pueblo argentino".
En su respuesta, la jueza Preska respondió que "empatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país", pero también le "recomienda" que empiece a preparar la hoja de ruta para resolver el caso por la expropiación de la compañía, ocurrida en 2012.
De esta forma, la magistrada dio vía libre para que Burford Capital, que adquirió el derecho de perseguir el reclamo en cuestión, pueda solicitar embargos a partir de hoy jueves 11 de enero.
El estudio mencionado había solicitado oportunamente autorización al tribunal para empezar a embargar activos argentinos a fin de cumplir la sentencia, ya que señaló en ese momento, la Argentina "no tenía intención" de pagar.
"Simplemente, Argentina no tiene intención de pagar la sentencia, y sería espurio que Argentina sugiriera lo contrario", había señalado el abogado de Burford, Randy Mastro, en una carta enviada a Preska en aquel momento. pidiendo que no se le concediera al país ningún tiempo adicional.
Ahora, el Gobierno tiene hasta el 22 de febrero para presentarse ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Allí deberá entregar un escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska. Los demandantes ya iniciaron el proceso de apelación para que se revoque la sentencia que eximió de responsabilidades a YPF.
El caso YPF
Burford Capital es lo que se denomina un hedge fund o fondo de cobertura, que se dedica a la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo y luego inicia juicios por sumas mucho mayores.
El fondo adquirió el proceso de quiebra de dos empresas del Grupo Petersen: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que poseían acciones por el 25% de YPF, que habían comprado a la española Repsol en 2 operaciones en 2008 y 2011.
Los Eskenazi adquirieron las acciones a través de préstamos de bancos internacionales, y se comprometieron a pagar con el giro de dividendos de sus acciones en la empresa petrolera. El pago de los créditos se vio interrumpido con la estatización del 51% de las acciones de YPF, que fueron expropiadas por el Estado argentino a la española Repsol.
A partir de entonces, la administración de la compañía prohibió el giro de dividendos, lo que provocó la quiebra de las empresas de los Eskenazi, que no pudieron afrontar sus deudas con los bancos extranjeros.
La quiebra de las dos empresas en cuestión recayó en el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar. Quien compró esa posibilidad fue Burford Capital, ya conocido en nuestro país porque también intervino, con la misma lógica, en el caso de Marsans, la antigua propietaria de Aerolíneas Argentinas.
La demanda sostiene que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol. Lo contrario a lo que sostuvo el Estado argentino, quien consideraba que debía aplicarse la ley de Expropiaciones de la República Argentina.
Además, se alega perjuicio porque tras entrar en la compañía, el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.
