La Cámara de Apelaciones de Reconquista decidió este jueves que el proceso de rescate (cram down) de Vicentin quede suspendido mientras analiza si rechaza o avala la apelación que presentó la aceitera a la resolución del juez del concurso, Fabian Lorenzini.
El magistrado de primera instancia rechazó hace dos semanas la homologación de la propuesta de pago presentada por Vicentin y activó el proceso de rescate abierto en el que terceros pueden presentar una oferta de pago y compra de la malograda empresa. Incluso había fijado plazo hasta el 20 de octubre para que se anoten los interesados en el cram down.
Como Vicentin apeló la decisión, la Cámara resolvió suspender el proceso hasta que defina si valida o rechaza lo resuelto por Lorenzini.
La decisión luce claramente racional y le aporta transparencia al proceso porque en caso de tomar una decisión de fondo contraria al cram down podría ocurrir que la empresa ya estuviera vendida o avanzada en su venta.
Por el contrario, ahora la Cámara puede tomar la decisión sin la presión del proceso de rescate en marcha. Si bien no hay plazo para que la Cámara falle, se abre un compás de 45/60 días para que los jueces de la sala resuelvan la cuestión de fondo.
En caso de dar marcha atrás, Comodities (el segundo acreedor en importancia) apelará la decisión y será la Corte Suprema la que resuelva.
Pero si se ratifica lo dispuesto por Lorenzini, Vicentin no tendría muchas chances de que la Corte le dé margen para seguir protestando tras acumular dos derrotas consecutivas, en primera y segunda instancia.
La Cámara tomó la decisión bajo fuertes presiones, por ejemplo de los directivos y de las familias dueñas de Vicentin, con muchos miembros políticos trabajando y cobrando buenos sueldos, que agitaron al personal de Avellaneda para que ayer proteste en la calle mientras movieron a políticos del norte santafesino a que se pronuncien en contra del cram down.
Lo que no deja de ser llamativo es que la protesta social de Vicentin se haga carne en el norte, cuando la empresa no le asignó destino a los negocios y activos que allí tiene, a diferencia de los del sur que propone sean absorbidos por ACA, Bunge y Viterra. ¿Por qué no aparecen directivos de Vicentin explicando el futuro de los empleados de las paradas plantas y oficinas del norte?
"La oferta no contempla un plan de reorganización empresaria que disponga con certeza cuál será el destino de las unidades de negocios y los trabajadores de la ciudad de Avellaneda (Santa Fe), durante el plazo de cumplimiento del acuerdo. Esto ya fue materia de requerimientos en fechas 23/11/2021 y 7/12/2021, constituyendo una discriminación negativa en el marco de un plan de empresa que fue solicitado por el Juzgado y consentido por la concursada", sostuvo el propio Lorenzini al rechazar la homologación.
Tensa reunión
Antes de tomar esa decisión, la Cámara rechazó "in limine" el recurso de revocatoria interpuesto por la acreedora Commodities s.a., que había pedido la suspensión de la audiencia realizada este jueves 28 de septiembre de 2023, por considerar que de concretarla, sería declarada nula. Eso es lo que intentará ahora el Grupo Grassi ante la Corte. Ya se lo habían hecho saber con antelación a la misma Cámara.
La audiencia puntual para resolver el planteo a favor de Vicentín duró 30 minutos. Participaron el abogado de la concursada, Guido Ferullo, dos de los tres síndicos del concurso; y el abogado Prono que los asesora. Alicia Mudrik estuvo en representación del Procurador de la Corte; y los camaristas.
Los camaristas que votaron fueron Santiago Dalla Fontana y Mauricio Sánchez, mientras que el juez Alejandro Román se abstuvo porque ya había mayoría. ¿Por qué participó Román y no la jueza natural, María Eugenia Chapero?. Porque la magistrada local está apartada del caso por amistad manifiesta con varios directores de la concursada, no se siente imparcial y por eso la reemplaza su colega de la Cámara de Rafaela. Igual, en los pasillos de los tribunales trascendió que Chapero habría operado fuerte sobre Dalla Fontana.