Arrancamos este run run con una buena.
Y es que se abre otra chance para que los loteos inmobiliarios que se empezaron a desarrollar en el cordón sur-oeste de Rosario (en torno a la localidad de Piñero) sin tener disponibilidad de energía (porque la EPE no tiene más potencia allí) puedan conseguir, finalmente, electricidad.
El primer intento fracasó. Se trataba de que los empresarios privados que están urbanizando en la zona financien de manera conjunta la construcción de una nueva estación transformadora. Pero no sólo no tenían los fondos necesarios (unos 25 millones de dólares) sino que al haber varios jugadores pocos serios involucrados en los loteos, el resto no quería asociarse a ellos desconfiando de que, al momento de abrir la billetera, abonen su parte.
El segundo intento también fracasó. El gobierno provincial no pondrá el dinero para la estación ya que es poca la potencia (y ya la consiguió) que necesita para la nueva cárcel de Piñero. Con 3 MW puede arrancar cuando la estación es de 40 MW.
¿Será la tercera la vencida? En este caso, el grupo Nu avanza en las conversaciones con la EPE para otra fórmula que, aseguran, ya tiene el visto bueno de la firma, y hasta el terreno fichado. La idea es la siguiente: que la EPE licite la construcción de la estación siendo el ganador de la compulsa quien ofrezca la mejor financiación.
A este tipo de fórmula se suele recurrir cuando el poder concedente no tiene el fondeo para pagarla, pero si la necesidad de la obra. En este caso, quien ofrezca el mejor crédito para pagar la obra sería quien se la quede, saldando la deuda la EPE con la venta de energía a los desarrolladores privados. Las conversaciones técnicas, dicen, están afinadas y ahora avanzan en la redacción de la letra chica de la obra y el cálculo del presupuesto necesario.
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Lo que ocurrió puede ser un golpe de KO para el financista rosarino, Daniel Casanovas, cuyo polémico y millonario default, además de provocar importantes pérdidas a sus clientes, todavía recorre los tribunales penales y comerciales. Pero tratándose de un empresario tan escurridizo en lo que nada termina siendo lo que aparenta, puede ser todo lo contrario.
La historia es la siguiente: Casanovas siempre mostró como uno de sus principales activos un campo de 2.100 hectáreas en Salta. Es más, aún hoy, sigue siendo la base sobre la que mantiene actividad comercial.
Formalmente, su empresa -Cereales del Sur (CDS)- es titular del paquete mayoritario de José Cano e hijos SA, que tiene esa propiedad en Salta. En concreto, compró en unos 3.5 millones de dólares el 51% de la empresa a los herederos de Cano. El pago se acordó en cuotas (a 5 años) y como garantía Casanovas dejó prendadas esas acciones. El tema es que, fiel a su estilo, tras abonar un par de cuotas, le cantó el “paga Dios” a los vendedores.
Cuando Casanovas se declaró en cesación de pagos y presentó luego a CDS en convocatoria, quiso meter esas cuotas impagas como un crédito quirografario más. Y en primera instancia tuvo un round a favor, cuando la Justicia le avaló la jugada y rechazó el pedido de los herederos de Cano de ejecutar la prenda y retomar la mayoría de las acciones.
Pero los acreedores apelaron, y la novedad ahora es que la sala III de la Cámara Civil y Comercial de Rosario resolvió finalmente en favor de ellos.
De la lectura del fallo, Casanovas perdió el campo en Salta y se queda así sin su principal activo y sustento. Golpe de KO ¿Pero si es una jugada planeada? ¿Y si en realidad lo que buscaron en conjunto Casanovas y los herederos de Cano es sacar el campo del concurso para no perderlo ya que es el activo clave a vender para pagar a los acreedores?
La pregunta no es de este periodista, sino que salió de boca de varios estafados por el financista. Y es que no se olvidan que en marzo de este año el juez penal Alejandro Negroni frenó un intento de Casanovas de vender 800 hectáreas del campo en Salta pese a que tiene prohibido desprenderse de activos mientras se lo investiga por estafa.
Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) prepara una nueva tanda de imputaciones (ahora por colusión y tráfico de influencias) contra el financista, que está -en paralelo- aguardando que el juez Nicólas Villanueva le homologue el acuerdo de acreedores, que, a decir verdad, es un horror para los estafados.
¿Por qué? Dispone pago del 100% del crédito verificado en diciembre de 2019 en 6 cuotas semestrales, a partir de los 6 meses de homologado el acuerdo y con una tasa pasiva del Banco Nación, que está por el piso, sobre saldos. Pero el tema es que no hay garantías de cumplimiento, cuando Casanovas mostró que es remolón para cumplir con las cuotas.
Es más, no hay inmovilización de bienes afectados al cumplimiento de los pagos prometidos y, encima, la administración de CDS la mantiene Casanovas sin ninguna injerencia de terceros para controlarlo. Ah: y los que le entregaron dólares, se los devolverán en pesos a cotización del billete al 2019. Ni la “licuadora” de Milei se animó a tanto.
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Si pensas que habías visto todo, esta semana saltó en Rosario que una conocida empresa de vestidos de alta costura (Alesca, con un local en calle Italia al 700) tomaba fondos de terceros (supuestamente para financiar la compra telas importadas y otros insumos caros) prometiendo una alta tasa mensual en dólares, que en algunos casos llegó al 20%, que -supuestamente- se obtenía de la venta de sus vestidos.
Viendo esos números, vaya que es rentable vender ropa en Argentina que hasta permite pagar esa renta a los financistas del negocio. ¿Será por eso que es tan cara la ropa en Argentina? (va con onda, che).
El final era cantado: defaulteó, la empresa se cerró y su dueña (María Tedeso) dejó de atender a su centenar de inversores molestos por la desaparición de sus fondos.
¿Qué podemos agregar? Que ahora su abogado, Ignacio Sosa Quintero, asegura que Tedesco tiene parte psiquiátrico y que está internada.
El tema es que la empresaria textil no hacía poco que operaba de esa manera, ya que llevaba años recibiendo pesos y dólares, y pagando tasas del 20% mensual a quien le llevaba más de 3 millones de pesos. Al parecer, la crisis se activó cuando clientes que querían blanquear le apuraron la retirada de fondos y Tedesco no pudo hacer frente a los pedidos.
Ahora, hay gente que le llevaba hasta 3 millones en negro y en mano. Cualquier vendedor de cualquier cosa sabe lo que cuesta concretar una operación, y por eso no puede dejar de sorprender cómo hay personas que logren convencer a la gente de que les deje esa cantidad de dinero.
Como siempre decimos en esta columna, una navegada rápida por la web permite saber que esa tasa mensual es imposible de pagar. Basta con usar el celu para algo más que ver el instagram. Pero, también como siempre repetimos, la ambición vence al miedo.
Eso sí: cuanta plata en negro circula por la ciudad.
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Vuelta de página.
Levanta sospechas una licitación en el Conicet Rosario. Y la protagonista es una empresa, cuya identidad genera muchas dudas y que no tiene sus papeles en orden, pero que igual se puede quedar con un jugoso contrato.
¿Cómo es la mano? El Conicet Rosario salió a licitar los servicios de limpieza para todos sus inmuebles en la ciudad. A la compulsa se presentaron 6 oferentes, 5 de ellos compitiendo en la línea de precios por hora trabajada (que está en los $10.000 IVA incluído).
Pero la novedad la dio una firma llamada Limpro, que sorprendió con $8.809 la hora trabajada, muy baja oferta de la que Conicet Rosario -en el marco del duro ajuste presupuestario que sufre- se enamoró y se dispone a contratar.
A diferencia del resto, que son SA o SRL, Limpro -con sede en Esperanza, sin oficina en Rosario- es una SAS, con todo lo que eso significa en cuestión de menores controles (como la IGPJ). Además, nadie de la firma se presentó al momento de la apertura de sobres. Pero el problema real es que, de una revisión superficial de los papeles presentados en la licitación por la propia firma surgen puntos poco claros. Veamos:
Al observar los formularios 931 (que es la declaración de aportes y contribuciones de los empleados), se evidencia que no pagan la totalidad del aporte a la obra social por empleados.
En efecto, tomando el último presentado (agosto 2024) declaran una remuneración total de 5.401.225,35 para un total de 65 empleados, lo que promedia un sueldo bruto declarado por empleado de $83.095,77. ¿Ese valor insignificante del sueldo no es una clara demostración de evasión de los recursos de la seguridad social, lo que implica un delito tributario?
Pero hay más, acorde a los convenios del sector y la leyes laborales, si cada empleado gana 85.000 es porque trabaja 1 hora y media por dia ya que la media jornada es de $270 mil. ¿Confesión que le pagan en negro?
Además de que el precio ofertado no llega a cumplir con el pago de los sueldos y obligaciones impositivas y previsionales de la empresa, el precio que propusieron se comprometieron a mantenerlo un año, superando así los cálculos más optimistas de la inflación para 2025 (incluso la del gobierno, que la proyecta en 18%). ¿Entran para renegociar?
“La cotización ofrecida está por debajo de los costos mínimos legales (Sueldos, Leyes Sociales, Impuestos, etc.) Esto evidencia a las claras, que la empresa piensa pagarles mucho menos de lo determinado por ley, precarizando a sus operarios. Además de incurrir en varios ilícitos la empresa no está en ninguna condición o posibilidad de: cumplir con el pago de sus obligaciones o bien con el servicio objeto de la licitación”, dice una carta que recibió Javier Martínez, coordinador de Conicet Rosario, de parte de uno de los oferentes de la licitación.
La pregunta que asoma es: ¿Conicet Rosario sería cómplice y solidariamente responsable de contratar una empresa que de acuerdo a la documentación presentada por la propia no va a cumplir sus obligaciones de sueldos con los empleados, ni previsionales e impositivas?
Pero el tema no queda ahí. Limpro presentó en su hoja de antecedentes contratos por servicios de limpieza en organismos estatales como Aerolíneas y la Afip, todos ganados en años anteriores. ¿Estamos frente a un negocio de la política?
Eso sin mencionar que una empresa que no cumple con sus obligaciones tributarias es la que le limpia los escritorios a los sabuesos de la Afip.
Sin palabras.
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Ya que estamos con las compras del Estado, la Provincia avanza firme en su estrategia de abrir la lista de proveedores para que no sólo unos pocos le puedan vender al sector público sino para que, por la mayor competencia, el Estado ahorre en su compras, pudiendo así con esa diferencia encarar más obras.
Prueba de eso fue la exitosa primera edición de Vincular, el encuentro organizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que reúne a vendedores santafesinos y compradores de diferentes niveles del Estado, realizado este jueves en la capital provincial, con el objetivo de conectar la demanda de bienes y servicios del sector público con empresas santafesinas.
“Estamos abriendo las compras del Estado través de procesos muchos más transparentes”, resaltó el gobernador Maximiliano Pullaro sobre la jornada que tuvo muy buena repercusión en el tejido empresario, que saludó la iniciativa.
En efecto, de la actividad participaron 672 empresas anotadas como potenciales vendedoras y 222 compradores: 128 comunas, 57 municipios y 37 organismos públicos.
Pero a los que no les cierra algunos puntos de esta política de apertura de la Casa Gris son las constructoras de obra pública. "Es un error enamorarse de las rebajas de precio", como calificó un reconocido empresario del sector.
Días atrás, el Ministerio de Obras Públicas le adjudicó a la bonaerense Pose la construcción de la circunvalación de Venado Tuerto, contrato que ganó tras presentar una oferta por $26 mil millones cuando el resto (unas 9 firmas) ofertó en el rango de $30 mil millones, siendo la única que ofertó por debajo del presupuesto.
Pose viene de quedarse con la licitación de la ampliación de la autopista Rosario-Santa Fe, con precios casi un 30% por debajo del resto. Y en el medio también se quedó con la licitación de las obras de Aguas en Rosario.
La bonaerense se convirtió así en una de las principales contratistas de la gestión actual, y eso genera muchos ceños fruncidos entre los constructores provinciales.
Y es que no les cierra que una empresa que, como demostró una reciente auditoría, le estuvo mintiendo al Estado provincial fingiendo procedencia santafesina (y así calificar para obtener las ventajas corte santafesino), se haga fuerte en Santa Fe, mientras que en el resto de las provincias -por ejemplo, Córdoba- casi que cierran fronteras dando prioridad a las locales.
Y tampoco les cierran las cuentas de cómo puede hacer para desmarcarse siempre con sus ofertas.
"Es increíble: mientras que en el resto de las provincias, como Córdoba, le dan prioridad a las locales y recién ahí les otorgan posibilidad a lasa de afuera, en Santa Fe hacen todo al revés; como si quisieran que nos fundamos", se quejó un empresario del sector.
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Y ya que estamos hablando de bonaerenses.......
Llamó mucho la atención que ni Pullaro o el ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, participaran hace quince días del corte de cintas del puerto de la Zona Franca.
Se trata de una inversión millonaria, y no todos los días se levanta un muelle multipropósito. Además, se trata de una concesión del gobierno provincial al grupo PTP, de capitales bonaerenses y que tiene como figura a Guillermo Misiano. Así y todo, al encuentro -que fue encabezado ni más ni menos que por el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos- fueron solo figuras de tercera y cuarta línea de la administración provincial.
“El gobernador y el ministro asisten sólo a inauguraciones que en ese día empiezan a operar o que al día siguiente están 100% operativas”, fue la respuesta oficial de la Casa Gris ante la consulta de este periodista.
Es sabido que PTP tiene varios anuncios que dejaron solo humo (por ejemplo la construcción de un puerto con capitales rusos), pero en este caso la infraestructura portuaria está y es real.
No obstante, también es cierto que al puerto (ubicado en Villa Constitución) le faltan autorizaciones de la Aduana (responsabilizan al cambio que dio por tierra con la Afip) y, sobre todo, una de Medio Ambiente de la Provincia.
Precisamente, el tono de una carta de Misiano exigiendo una rápida respuesta a esa cartera cayó bastante mal en el gobierno, cosa que le hicieron saber y él se disculpó.
Pero hay algo más de fondo. El gobierno provincial no termina de digerir la alianza de PTP con Nitron, el importante grupo multinacional al que se asoció porque trae los fertilizantes que ellos descargan en el país. Si bien no le encontraron objeciones legales, al gobierno no le cierra que el concesionario se case con un sólo cliente en ese negocio.
Por ejemplo, cuentan que estuvieron en contacto con importadores marroquíes interesados en descargar minerales en la Zona Franca que les comentaron que no fueron bien recibidos por PTP y argumentan que es porque le competirían a Nitron.
En el gobierno ya vienen chivos con PTP porque un operador extranjero -que los contactó en la Sial de París- y que ellos enviaron a la Zona Franca para que los reciba también les comentó que no fueron bien tratados. Es cierto que el negocio que llevaba no era fácil (exportación de ganado en pie), más para un operador de commodities, pero en el gobierno molestó la falta de predisposición para atender a un empresario que ellos enviaron.
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Nos metemos en el último de los temas ásperos de este run run. Y es bien áspero.
“Mi primo es el titular de la empresa Ossa. Y antes la manejaba mi hermano”, confesó el sindicalista Silvio Barrionuevo en una picante entrevista realizada en "El Contestador" (por Radio 2 y con la conducción de Pablo Motto), y que podes escuchar acá, tras la violenta protesta del gremio esta semana contra la sede de Aguas Santafesinas (Assa), que incluyó actos vandálicos (rotura de cámaras de seguridad y robo de llaves de vehículos oficiales) y hasta dejó heridos.
Para el gobierno, la protesta gremial se debió a que Assa le cortó el chorro a la empresa de la familia Barrionuevo (que inicialmente fue cooperativa de trabajadores despedidos durante la privatización de los 90) que presta servicios de personal con un contrato anual de $1.500 millones que para las autoridades está totalmente fuera de lugar. Contrato que tras haberle reducido en $298 millones, cuando se venza no se lo renovarán.
Durante la entrevista, y tras la confesión de que la empresa es de la familia del el sindicalista, quien también es director de la empresa, retrucó diciendo que el actual gobierno no está abriendo licitaciones para contratar servicios (como se argumentó para no proseguir con Ossa) sino que está haciendo contrataciones directas para servicios de seguridad, reparación de fugas y vallado. “En febrero hicieron un contrato directo por $6.000 millones para reparaciones de fugas”, bramó Barrionuevo.
Pasemos a explicar. Primero, Assa es una SA por lo que, a diferencia de un organismo público, la compra directa es una operación recurrente, no excepcional y con otros requisitos, pero que igual tiene que justificarse obligatoriamente y aprobarse en el directorio. Pero además, se contrató una auditoría interna y otra externa (a cargo de la UNR y la UNL) que revisan y controlan todos los números.
También están sobre los movimientos en el ente de control (Enress) y en el Tribunal de Cuentas. Y como si fuera poco, todo los movimientos financieros están bajo la órbita del ministro de Economía, Pablo Olivares, conocido por usar sacos sin bolsillos.
Además, como toda SA las compras son bancarizadas (para tener rastro y control) y los token de la cuentas lo tiene el contador general que debe aprobar todo movimiento. De una sola de todas las cuentas tiene, además del contador, el token la presidencia de la empresa. Toda esta aclaración inicial vale para barrer la idea de que ahora en Aguas, el presidente puede hacer una compra directa y luego llevar la factura o ticket.
Ahora vamos a los casos que tiró Barrionuevo a la prensa. Primero, no hubo contratación directa en el servicio de reparación de fugas, según actas mostradas por la contaduría.
Sí hubo, en cambio, contratación directa (aprobada por el directorio) en el servicio de vallado por la urgencia que significó que cuando las autoridades asumieron las empresas contratistas se habían retirado del servicio (recordemos los pozos con palos adentro para señalizar, en una muestra de tercermundismo pleno) por retraso en los pagos y la caía de licitaciones.
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Pero el caso más complicado es el de la contratación directa del servicio de Seguridad. En rigor, nunca fue bueno ya que siempre se trató de una vigilancia que esquivó la cuestiones de tensión que se producen. Pero lo que provocó que se corriera a la empresa que lo prestaba fue lo que ocurrió cuando empezaron las asambleas (en la previa al paro). Resulta que llegó al directorio la novedad de que en la asamblea en la planta potabilizadora de Arroyito (donde tiene cabecera el gremio) habían ingresado, además de los trabajadores, familiares.
Fue así que en la medianoche el directorio envió una persona, quien al anunciarse en la casilla de la guardia sin aclarar de quién se trataba vio que no le pidieron el DNI, no dejaron constancia de su ingreso y no le revisaron el auto. A la salida, cerca de las 2 AM, tuvo que despertar al guardia, que (de mala gana) tampoco en esa ocasión le revisó el auto.
Hay que entender lo delicado del asunto: había una puerta abierta a una de las plantas donde se potabiliza el agua que toman los rosarinos. No es joda.
Fue por eso que al otro día, con aval de la Casa Gris, se desvinculó a la empresa de seguridad (lo que valió momentos de tensión contra el directorio) y -por recomendación de la gobernación- se procedió a sondear para el servicio a empresas porteñas (sin vinculación con la provincia) que estén a la altura de la situación, siendo el contrato directo aprobado por el directorio y puesto a consideración de todos los organismos de auditoría antes mencionados.
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Esta semana se conocieron los números de la inflación de octubre, la más baja en tres años. Y en materia de consumo, el dato que llamó la atención es que lo que menos subió de precio son los alimentos y las bebidas no alcohólicas, por debajo del índice general.
En la industria alimenticia contabiliza recuperación de ventas en unidades de productos básicos a nivel de octubre de 2023 y con precios contenidos, a costa de caída de renta.
Pero sigue KO la venta de no básicos, como las gaseosas y los snacks.
Como sea, para apuntalar las ventas, La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas organizó la primera semana de ofertas del sector que se desarrollará entre el 18 y el 25 de noviembre
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El allanamiento del despacho del juez federal Marcelo Bailaque por parte de Gendarmería Nacional es un caso para las secciones de Política y Judiciales.
Pero lo que podemos aportar desde el mundo empresario es que circula la versión de que uno de los impulsores iniciales (al menos formalmente) de las investigaciones habría sido una denuncia que realizó el agente de Bolsa rosarino Claudio Iglesias contra el magistrado.
Resulta que en noviembre de 2019, la agencia de Bolsa de la que es socio Iglesias fue allanada por orden del juez federal en una causa de la que luego nunca más se supo, pero que al empresario le costó la presidencia que estaba por asumir en la aseguradora San Cristóbal, ya que se tomó licencia en el directorio del grupo.
El escándalo del allanamiento también lo obligó a salirse de las funciones institucionales que tenía en el Mercado de Valores Argentino (MAV) y en la Bolsa de Comercio de Rosario.
Iglesias siempre sospechó que fue víctima de un "carpetazo" que lo dejó afuera de San Cristóbal, y por eso quería saber cómo había sido la maniobra en la Justicia.
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Vamos terminado con las buenas noticias que siempre nos gusta contar, por ejemplo las que tienen que ver con obras emblemáticas.
“Tengo una punta que puede ser muy interesante para el Run Run del domingo”, sugiere el periodista Damián Schwarzstein, principal referente de la redacción de Rosario3 que en el último tiempo estuvo muy enfocado en seguimiento periodístico del armado de obras emblemáticas y estratégicas que, de concretarse, le cambiarán la cara a la ciudad.
Hace quince días sorprendió con la primicia del Arena que se piensa construir en la ex Rural y esta semana lo hizo con la del Museo de Messi que se proyecta armar en el inmueble donde funcionó el boliche Contrabando, un emblema de los 90 que es propiedad de Willy Rosental.
Pero en esta oportunidad, hizo foco en un tema que venimos siguiendo en esta columna: el Puerto de la Música. Y la duda está instalada: ¿Tiene sentido que sea un centro cultural y de shows o habría que buscar otros usos para el parque de la cabecera del Puente?
Varias cosas interesantes aporta Schwarzstein. Por un lado, Jorgelina Paniagua, titular de la unidad ejecutora del proyecto, viajó días atrás para analizar el modelo del Parque de la Innovación a Buenos Aires.
En paralelo, la idea del gobierno provincial es contratar una especie de consultoría, que se contrataría vía el CFI, para que analice que es lo que conviene desarrollar en la zona que le esté faltando a la región, que puede no ser un centro cultural sino más bien un espacio para convenciones. Es más, ya se hicieron reuniones con las áreas de Turismo para ver el potencial de congresos a organizar con un centro de grandes y modernas dimensiones.
Precisamente, ya hay diálogo con la consultora que trabajó el tema del Parque de la Innovación, pero están abiertos a escuchar a otras. La idea es bajar el martillo en estos días sobre la consultora a la que encargar el análisis con miras a tener en los próximos meses un informe sobre lo que convendría encarar.
Según cuenda Damián, en principio los funcionarios que están en el tema creen que no será, finalmente, el Puerto de la Música, pero no lo terminan de descartar porque hay otras voces políticas que insisten en la importancia de concretarlo.
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Hablando de "Arenas"....
El 19 de diciembre será la inauguración oficial del Rosario Arena Sports, que levantó el empresario Ramiro Nanni. Y el evento para celebrar promete porque dirán presentes grandes personalidades del deporte y también de la política tanto a nivel nacional como internacional.
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Para cerrar, vamos con otra buena porque activa inversiones inmobiliarias de la ciudad.
Resulta que la Municipalidad de Rosario acordó una excepción a la normativa para la zona del Aeropuerto, y le habilitó al grupo GM Real State -que tiene en cabeza al financista Arturo Trini- la construcción y apertura de una estación de servicios frente a la aeroestación. Un ok que, aseguran, tiene todo el respaldo técnico-legal y que ahora debe ser aprobado por el Concejo.
Con la estación de servicio, que no sobran en la zona, se suma un nuevo uso para los más de 3.000 m2 que tiene Trini frente al aeropuerto lindante (al oeste) al shopping Fisherton Plaza.
Justamente, el grupo GM Real State proyectó allí un nuevo complejo comercial (con cines), pero -todo indica- que finalmente el grueso de la inversión acordada con la Municipalidad será destinada para un hotel.
"Se habilita uso residencial transitorio (hotel) que podrá contar con, subsuelo de cocheras con
una superficie de 1569 m2, planta baja y 4 pisos de espacios comunes y habitaciones con una superficie por planta de 617.84 m2, con una altura máxima de 15 metros", dice el acuerdo que el Palacio de los Leones envió a los concejales.
A la Municipalidad le entusiasma que el predio se construya un hotel porque diversifica la oferta de servicios en la zona.
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Y como el finde es largo, va una recomendación: escuchá el podcast de Rosario3 (DLR).
En este episodio conversamos sobre política industrial con el empresario y presidente de la Unión Industrial de la Región Rosario, Román Guajardo. Este militante de la industria nacional, es uno de los fundadores del podcast La Fábrica y un conocedor de las debilidades y las potencialidades que ofrece el sector.
¿Cómo es la relación del sector con el gobierno de Milei? ¿Es todo oposición o también hay coincidencias? ¿Qué influencia tiene la geopolítica sobre el desarrollo industrial de Argentina? ¿El campo y el sector fabril dejaron atrás los desencuentros? Estos son algunos de los interrogantes que Guajardo analizó a lo largo de 50 minutos en DLR.
