El gobierno nacional simplificó de manera considerable la burocracia para la realización del estudio del impacto ambiental para habilitar un mayor dragado de la Hidrovía al sacarlo de la órbita de Medio Ambiente y colocarlo en cabeza de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, la oficina que quedó al mando de la realización de la licitación en busca de operador privado de la vía navegable.
Ese fue el principal cambio del decreto que publicó el Gobierno este viernes en el Boletín Oficial en el que terminó de acomodar la normativa para lanzar la licitación de un nuevo administrador del sistema troncal de navegación fluvial; modificaciones que recibieron el apoyo de los principales usuarios de la vía navegable.
“El decreto 709/24 es un paso muy positivo porque permite el llamado a licitación internacional de dragado y balizado para profundizar la Vía Navegable Troncal a riesgo empresarial y sin subsidio estatal“, resaltó la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).
En líneas generales, el decreto completa el decreto publicado el martes, que desarma el malogrado Órgano de Gestión y Control de la Hidrovía y pone en cabeza de todo el trámite a la Subsecretaría (replicando el modelo de los 90) ; además de catalogar al servicio de dragado y balizamiento como público enmendando un error administrativo del apurado pase a manos públicas que dispuso el gobierno de Alberto Fernández y que generó enorme complejidad fiscal.
Ahora, también elimina el Consejo Federal, una suerte de instancia de análisis de las provincias, usuarios, y Nación sobre la política para las vías navegables, también armado en la gestión, con tan solo algo mejor performance que el ente de gestión y control.
Y si bien hasta que se privatice la administración de la hidrovía sigue en manos de la Administración General de Puertos (AGP), el nuevo decreto dispone que a la Subsecretaría “podrá realizar una revisión integral del “Contrato de Concesión de la Vía Navegable Troncal” suscripto el 2 de septiembre de 2021 entre el ESTADO NACIONAL y la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD DEL ESTADO con la finalidad de facilitar el eficaz e inmediato traspaso de la concesión en favor de quien o quienes resulten adjudicatarios de la licitación pública a que refiere el artículo 1° del presente, en condiciones de regularidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios comprendidos”
Estos cambios tienen un alto impacto político porque concentran el poder en el Ministerio de Economía, que controla la Subsecretaría, reduciendo a la AGP a un organismo técnico. Y es que si bien ese ente está intervenido por el gobierno, también tiene su juego propia. Y no en vano, el kirchnerista ex titular, José Beni, logró que lo mantengan como asesor.
En ese contexto, el mayor cambio está en el artículo 5 que dice “La SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES dependiente de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA podrá requerir a otros organismos administrativos colaboración en la elaboración de proyectos de pliegos, realización de estudios de impacto ambiental e informes técnicos, quedando asimismo facultada a establecer los procedimientos de evaluación de impacto ambiental correspondientes, de conformidad con lo establecido por la Ley General del Ambiente N° 25.675”.
En definitiva, ahora se agiliza el proceso de arado de un estudio de impacto ambiental, ya que hasta ahora era una potestad en cabeza de Medio Ambiente y su ejecución debía hacer un largo recorrido burocrático entre oficinas de dos ministerios, con toda la carga burocrática que eso supone. Ahora, todo lo concentra el Ministerio de Economía.
El tema ambiental es clave para definir hasta qué profundidad se puede dragar la vía navegable, que dotaría de más competitividad a las exportaciones. Ahora, el gobierno deberá ver qué fórmula elige para su concreción, pudiendo optar en confeccionarlo y sumarlo a los pliegos (lo que parece menos probable si quiere tener los pliegos en diciembre), o por pedirle que lo realice el ganador de la concesión antes de aumentar el dragado. También se lo puede exigir al futuro concesionario posterior de la realización de pequeños aumentos de profundidades (de a dos pies) para ir avanzando en la medida en que el río lo soporte de manera sustentable.
