El Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe apura los cambios en la EPE poniendo el foco en mejorar la productividad de la estructura y en dotarla de mejores herramientas para combatir el hurto de energía.
En ese sentido, arrancó con la colocación de GPS en las camionetas de las cuadrillas para que se pueda monitorear la ubicación de los vehículos y hacer seguimiento de sus recorridos diarios. Según supo Rosario3, se están colocando a un ritmo de 10 por día y ya hay 150 instalados del total de 1.117móviles que tiene la EPE. Y sino fuera por la demora de YPF en entregar los equipos, ya se habrían instalados en una mayor cantidad de vehículos.
Las demoras de las cuadrillas en llegar a atender los reclamos de los usuarios o los retrasos en la realización de gestiones (como conexiones) encabezan las críticas de la ciudadanía, y por eso el gobierno quiere monitorear bien de cerca la productividad del personal.
En paralelo, y tras observar cierto relajamiento de la burocracia en las gestiones, el ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini, hizo suyo el tema de destrabar en Aduana el ingreso de “tele-medidores” comprados por la firma. Fue así que luego de gestiones con altos funcionarios nacionales, se aprobó el ingreso y los equipos ya están en poder de la EPE.
Ahora, los funcionarios realizarán pruebas en los equipos con miras a empezar a colocarlos en julio. Se trata de una partida de 1400 telemedidores, y los primeros 800 que se colocarán serán a grandes usuarios del Gran Rosario. Una vez terminadas esas colocaciones, seguirán por el resto de las localidades de la provincia.
Los telemedidores permiten el control y la auditoría online de los consumos, y al tiempo que liberan operarios que hasta ahora realizan las mediciones casa por casa o empresa por empresa para poder volcarlo a realizar otras tareas, favorecen la detección de maniobras de hurto.
En ese sentido, la semana que viene el Ministerio y la EPE firmarán un acuerdo con la UTN Rosario para que la casa de altos estudios sea la que lleve adelante controles e informes sobre situaciones irregulares, como el hurto de energía. Como el objetivo es frenar esas prácticas (ya que solo en los primeros dos meses de gestión se detectaron casi cerca de 100 millones de pesos en hurto de electricidad), el gobierno quiere auditores externos a la estructura.
