La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) expresaron su profunda preocupación por las expresiones de autoridades políticas relativas a la reciente decisión judicial de primera instancia sobre el caso Vicentin.
"Es imperativo que se respeten todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional, y se deben seguir sin desvíos los preceptos que de ella surgen. Violentarlos genera inseguridad jurídica, cuestionamientos a la propiedad privada, riesgos laborales y asimismo, aleja las inversiones en el país", señalaron en un comunicado difundido este viernes.
El viernes pasado, la Justicia rechazó la homologación del acuerdo de acreedores presentado por Vicentin, que venía atado a la venta de la empresa a Bunge, Viterra y ACA. Al habilitarse, el cram down, el Banco Nación, principal acreedor de la defaulteada, informó que trabaja en la elaboración de una propuesta para ingresar accionariamente a la compañía.
"Sin perjuicio de lo anterior, si el Estado Nacional continúa con su decisión de constituir una empresa estatal agroindustrial exportadora, ésta debería desempeñarse bajo las mismas condiciones de igualdad ante la ley y las reglas del mercado. Cualquier tratamiento diferencial en materia financiera, impositiva o de otra naturaleza generará graves consecuencias económicas y sociales en este sector industria", se pronunció la entidad empresaria.
"Por lo tanto, se ruega a las autoridades nacionales y provinciales que eviten “politizar” las decisiones judiciales que no están en firme y que se abstengan de emitir mensajes que pueden ser interpretados como riesgo laboral para las familias de la industria aceitera nacional", agrega Ciara-Cec.
En la cámara aceitera preocupa que si no se resuelve rápidamente la situación, la empresa no pueda pagar los sueldos y comience el conflicto social. Y saben que la respuesta gremial será un paro en las plantas del cordón portuario y aceitero del Gran Rosario.
"Se considera que las recientes medidas judiciales pueden tener consecuencias en la estabilidad laboral y eso deteriorar las condiciones de funcionamiento de toda la industria, en un momento de debilidad macroeconómica, fuerte caída de la industrialización y exportación por la sequía y tensiones sociales de público conocimiento", completa Ciara-Cec.
