Hay un punto indiscutible: la segunda ola llegó, se consolida y la situación se agrava. El cómo enfrentarla, a diferencia del año pasado, devino en desacuerdos mayúsculos a nivel nacional, no sólo con la oposición, que vio una oportunidad para posicionarse, sino con los gobernadores que, a excepción de provincia de Buenos Aires, no querían cerrar.
Ahí el presidente tiene un doble problema. El primero son las tensiones a las que está sometido fruto del esquema de poder dual que gobierna. Al anunciar las medidas de restricción desautorizó a sus ministros de Educación y Salud. Horas antes Trotta y Vizotti daban por descontado y alentaban la educación presencial. Optó -o le impusieron, según cómo se vea- por la receta más severa que promovía provincia de Buenos Aires. Eso explica que el gobernador Axel Kicillof y Máximo Kirchner fueron los que salieron a bancar la parada.
En ese sentido hizo mucho ruido el silencio de los restantes gobernadores. ¿Por qué no los convocó el presidente para darle más volumen político a las restricciones? Probablemente porque conocía de antemano la negativa y eso lo condicionaría con el Amba.
Con la segunda ola golpeando la puerta y sabiendo que tarde o temprano el gobierno iba a tener que tomar medidas poco simpáticas, Juntos por el Cambio vio que la tenía en bandeja y se sirvió. Ese Rodríguez Larreta desgarrado que juramenta “hacer lo imposible para que el lunes haya clases” no es otra cosa que la construcción de la foto maniquea a la medida de la grieta, para presentar a JxC como el abanderado de la educación en contraste con un gobierno indolente al que no le importaría tener las escuelas cerradas.
Perotti retrasará todo lo que pueda cualquier tipo de restricción a la espera de un improbable golpe de suerte que tuerza la tendencia de contagios. Un puñado de localidades del centro de la provincia, chicas y medianas, debió adelantarse por el respingo de casos y fungen como laboratorio de lo que podría venir a partir del 23, que básicamente consistiría en cortar la circulación a partir de las 20 o 21. La evolución de los indicadores epidemiológicos indicará a qué intendentes les toca apretar el botón rojo, o si directamente se hace “al por mayor” en todo el territorio provincial.
Interna socialista
En medio de ese panorama, el Partido Socialista se moviliza hoy para elegir autoridades partidarias. Las nuevas restricciones nacionales motivaron contactos de las autoridades partidarias con la secretaria Legal y Técnica de la Casa Rosada, Vilma Ibarra, quien dio luz verde mientras se cumplan los protocolos aprobados.
Aun cuando se trata de una cita microclimática, el resultado de la disputa entre Mónica Fein, Eduardo Di Pollina y el porteño Roy Cortina por la presidencia a nivel nacional; y entre Enrique Estévez y Claudia Balagué por la conducción provincial tendrá múltiples lecturas y sus repercusiones.
La primera es que Fein y Estévez son candidatos promovidos por Miguel Lifschitz. El presidente de la Cámara de Diputados y principal figura electoral de la oposición en la provincia jugó fuerte y por lo tanto el resultado lo afectará, en especial en Santa Fe, para bien o para mal.
El porteño Roy Cortina vio en las derrotas electorales de Santa Fe y Rosario una oportunidad para consolidar un eje de poder partidario alternativo, con bastión en Capital Federal y una pata importante en provincia de Buenos Aires. Su alianza distrital con Juntos por el Cambio en CABA le aportó recursos y lo animó a dar la pelea contra lo que él describe como conducciones históricamente santafesinocéntricas. Ese argumento excluye mencionar que si el PS tuvo trascendencia en las últimas décadas fue gracias a las extensas y exitosas experiencias de gobierno en Rosario y Santa Fe.
Como sea, la elección empezará a definir si el partido de la rosa es capaz de seguir orbitando equidistante de los dos grandes polos de la grieta, o si empieza a arrimarse a uno más que al otro.
Sombras detrás de Blanco
La detención del fiscal Mauro Blanco de Venado Tuerto no era esperada, pero tampoco era inimaginable. Estaba suspendido de sus funciones por la Legislatura por 6 meses, la máxima sanción disciplinaria posible antes de la remoción del cargo.
Su suerte como fiscal se complicó cuando apareció en las escuchas telefónicas que la justicia federal hacía sobre David Roldán, un distribuidor de drogas de Venado con el que mantenía una relación inaceptable de intercambio de datos, información sobre allanamientos y hasta presencia en su casa, allanada luego en el marco de operativos antidrogas.
La denuncia del juzgado federal terminó en manos de la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación, que así como elevó la investigación disciplinaria a la Legislatura por la gravedad que implicaba, informó al fiscal general para que se investiguen potenciales delitos de cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario, transmisión ilegal de datos reservados, enriquecimiento, entre otros.
Baclini resolvió, siguiendo las normas, que la investigación se llevara adelante en otra jurisdicción. Eligió Reconquista y el caso terminó en manos del fiscal Mai, que bastante en soledad avanzó hasta llegar a los 16 allanamientos y detenciones del jueves a la noche en localidades de Santa Fe y Córdoba, incluida la detención de Blanco.
Se trata del tercer fiscal detenido en Santa Fe en pocos meses y uno de los cinco imputados por cometer delitos. Un dato relevante: los cinco están bajo procesos llevados adelante por el propio organismo en el que trabajaban.
El caso de Blanco, tiene una arista política que no se puede soslayar, porque su carrera como fiscal nació del respaldo y protección del senador por General López Lisandro Enrico, lo que compone una nueva muestra de las relaciones que legisladores de distintas fuerzas políticas apadrinan en sus territorios con funcionarios judiciales y policías. Enrico movió cielo y tierra para que la Legislatura no echara a Blanco, a pesar de que los hechos por los que estaba acusado hacían insostenible que siga siendo fiscal.
De todos modos cabe aclarar que si bien esas escuchas habilitaban la remoción de Blanco como fiscal, no necesariamente se lo puede condenar de antemano. Aun cuando el fiscal Mai cree haber encontrado motivos para imputarlos, el procesal está en su etapa preliminar.
Es importante aclararlo porque la detención de Blanco para algunos se inscribe como otro capítulo en el enfrentamiento que Enrico y el diputado Maximiliano Pullaro mantienen con Marcelo Sain. Guerra que además de las acusaciones cruzadas sumó carpetazos y el famoso audio de Whatsapp que obligó al gobernador a sacar a Sain de Seguridad.
Parte del ruido de la política santafesina sigue pasando por la figura de Sain. Esta semana el fiscal general Jorge Baclini definirá si devuelve en revisión a la Auditoría General las denuncias de 27 diputados de la oposición y el fiscal regional de Santa Fe. En paralelo, el miércoles declarará la denunciante diputada nacional Lucila Lehmann en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados.
El gobierno no le suelta la mano a Sain y apuntala su regreso al Organismo de Investigaciones, brazo auxiliar de las investigaciones que llevan adelante los fiscales. “¿Qué quieren? Querían afuera a Sain, ya lo sacamos. Ahora tampoco lo quieren en el MPA. ¿Tienen miedo?”, chicaneó un funcionario provincial.
La oposición no lo quiere en ese lugar porque cree que como ministro demostró no ser confiable en el manejo de la información y de utilizarla con fines políticos. Muchos peronistas tampoco le confían. En su caso creen que a poco de andar se va a convertir también en un problema para los adversarios internos del PJ y quizás hasta para el propio gobierno. “Es inmanejable e impredecible. No se olviden que en Buenos Aires se peleó hasta con Cristina”, recuerdan, además de no perdonarle sus ácidas críticas al peronismo santafesino.
