Alexis Guarda, la cara visible de las estafas perpetradas en los últimos meses con las agencias de auto de Pellegrini al 3100 y al 4800, se entregó en la mañana de este martes en la sede de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Santa Fe. Será llevado a audiencia por el fiscal de Rosario Fernando Dalmau, quien ya acusó a múltiples personas por las maniobras realizadas hacia más de 50 víctimas. Calculan el fraude en un total de 600 millones de pesos actuales.
Guarda (36) fue señalado por el fiscal Pablo Lanza como el líder de la organización que en Rosario dejó al menos 32 damnificados. Su domicilio en la ciudad, en teoría, es en el piso 7 de Carballo 128 en Puerto Norte, que al momento de ser allanado a fines de julio se encontraba sin ocupantes.
En Santa Fe fue el principal investigado en la causa por el fraude llamado “Vendo tu auto”, que salió a la luz en diciembre de 2022, donde se lo mencionó como el hombre detrás de cinco agencias de vehículos relacionadas con 59 casos de estafa. Toda la banda cayó y fue imputada –vendedores, gestores y hasta un socio comercial–, pero el jefe tuvo la cintura –y los contactos– para mantenerse fugitivo. Según la prensa capitalina, había escapado a Uruguay no bien estalló el escándalo, que se conoció de manera similar a lo que ocurrió en Rosario el pasado 25 de julio: con un nutrido grupo de personas exigiendo explicaciones frente a uno de sus locales. La causa estuvo a cargo de las fiscales Lucila Nuzzo y Gabriela Arri.
Lo insólito es que pese a su captura, Guarda volvió a aparecer en Rosario. Los damnificados indicaron que se hacía llamar Rodrigo Dipp o Dipporio, su alter ego en Facebook y Marketplace, donde publicaba avisos o captaba interesados en comprar o vender vehículos que luego eran víctimas de estafas.
En Santa Fe fueron imputadas nueve personas como miembros de la asociación ilícita. Entre ellos se encuentra el exempleado judicial Nelson “Coqui” Ugolini (37), quien fue secretario del destituido fiscal Gustavo Ponce Asahad, y aún debe ser llevado a juicio –con pedido de pena de cinco años de prisión– en una causa por asociación ilícita relacionado con el juego clandestino junto con el ex fiscal regional Patricio Serjal.
El celular de Ugolini, quien permanecía alojado en la Comisaría 2ª, podrá ser objeto de un eventual peritaje por parte de los investigadores, según resolvió el juez Negroni, que tuvo presente la petición del penalista José Luis Giacometti con relación a que el análisis se circunscriba sólo a aquella información relacionada con la causa en investigación.
Entre otros delitos, a Ugolini –que ya en 2010 había sido apartado de su cargo judicial en Venado Tuerto por irregularidades– le atribuyen, como abogado de las concesionarias de Alexis Guarda, haber intentado desviar reclamos y haber amenazado, amedrentado, intimidado y atemorizado a víctimas que reclamaban a la concesionaria de autos de Pellegrini 3100.
Los otros acusados que siguen detenidos sin plazos son Maxilimiano Alarcón y Leandro Jaquet, señalados como cómplices de las estafas pergeñadas por Guarda. Mientras que los identificados como Diego Ceferino Gordillo y Fernando Ortellado Rodríguez, vendedores de vehículos, seguirán detenidos por un mes. Una imputada, identificada como Camila Dávila, se encuentra prófuga.
Imputación
La imputación señala que la asociación ilícita del capturado Guarda operó desde diciembre de 2023 y estaba destinada a obtener un provecho patrimonial ilícito e injusto mediante el abuso de confianza que generaban las fachadas de los locales comerciales que utilizaban en Pellegrini al 3100 y 4800 e Independencia al 3200. Los fiscales dijeron que las víctimas, unas 37 al momento, confiaron en que se destinaría su dinero a la concreción de adquisiciones de automotores, pero fueron defraudadas. Algunos imputados se contactaron por Marketplace u otras redes con interesados en vender su auto usado, pidiéndoles que se apersonen en la concesionaria a negociar el precio y aduciendo que tenían compradores y con ello les hacían suscribir contratos de consignación y le solicitaban la entrega del rodado con su documentación y fotocopia del DNI, suscripción del formulario 08. En ocasiones, los imputados retiraban rodados de la concesionaria sin autorización de los propietarios e infringían normas de tránsito, llegando en ocasiones a que personal de Tránsito secuestrara el rodado, lo que generaba una importante deuda de dinero por la multa en cabeza de la víctima. En otros casos, las víctimas compraban en la concesionaria un rodado usado, suscribiendo un contrato de compraventa automotor, en el que se establecía el rodado y la forma de pago. Así entregaban una suma de dinero a cuenta en efectivo por la adquisición del coche y el plan de pago, siendo que posteriormente no cumplían con lo pactado y con la entrega del rodado. Otras víctimas entregaban el auto suscribiendo un contrato de compraventa en el que se detalla la forma de pago con el rodado que entrega, y se establecía una suma en un crédito prendario y el resto por entrega por transferencia bancaria, pero el auto pactado no se le entregaba ni tampoco se le devolvía el rodado entregado.
