El juez Nicolás Foppiani dictó prisión prevetiva para la mayoría de las personas acusadas de integrar el “polirrubro delictivo” de Cristian “Pupito” Avalle, un segunda línea de la banda de Los Monos alojado en la cárcel de Ezeiza que –quedó evidenciado– posee influencia en la calle. La resolución fue el corolario de dos semanas de audiencias en las que fiscales del Ministerio Público de la Acusación expusieron un cúmulo de evidencias sobre 47 hechos de diversa índole, como extorsiones, balaceras, homicidios y lobbies y aprietes a gremios y partidos políticos.
“Se obtuvo un cuadro probatorio de muy alto poder acreditante”, dijo el magistrado al valorar la investigación. También, pidió que se investigue al Servicio Penitenciario por el consabido uso de celulares por parte de internos que instigan delitos violentos y generan conmoción social.
“Los detenidos, sin talleres, sin actividades, están tirados en un lugar de detención, con celular las 24 horas, cometiendo o gestionando delitos”, describió Foppiani, quien pidió que el Ejecutivo se encargue de instalar inhibidores de señal en los penales. “Si no, vamos a terminar como Ecuador, donde asesinaron a un candidato a presidente”, advirtió.
Las imputaciones comenzaron el lunes 9 de octubre con Avalle a la cabeza de un emporio criminal bajo la lupa de nueve fiscales. “Quien elige participar de una organización como esta, elige chocar contra el estado de derecho”, dijo Foppiani. Solo una persona de los 26 imputados obtuvo la libertad. Los demás, quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley.
El juez que presidió la causa en esta etapa indicó que los hechos imputados “existieron, son de público conocimiento y no fueron controvertidos en la audiencia”.
“Las acciones resultaron altamente lesivas para el bien jurídico y orden público”, dijo el magistrado. Y puso como ejemplo que por la actividad de esta banda “una ciudad entera quedó sin servicio de recolección, y una escuela estuvo una semana sin clases por ser baleada”. Se refirió así al ataque a tiros contra un camión recolector de residuos ocurrido el 3 de junio en San Luis al 4500. Y a la balacera contra la escuela Silvestre Begnis de Nahuel Huapi al 4500.
“Las actividades de la banda –describió– generaron zozobra en la ciudadanía de Rosario. Zozobra que fue buscada por los perpetradores para generar lucro: generaron una lesión cierta al bien jurídico tutelado, la tranquilidad pública y la paz social”.
La organización de Avalle, que está detenido desde 2019 –actualmente en Ezeiza– y tuvo un ascenso meteórico en la estructura carcelaria de Los Monos, operó –según la fiscalía– desde marzo de 2021.
Otro personaje de peso que puso de relieve la imputación es Carlos Olguín, otro asaltante reconvertido en “gerente” de la banda al calor del encierro y las comunicaciones desde la cárcel de Coronda. También se destacó el rol del barrabrava de Newell's alojado en la cárcel de Piñero Héctor “Gordo Dani” Noguera, representante de los intereses de los Monos en Villa Gobernador Gálvez.
Este grupo, dijo la fiscal Valeria Haurigot, “ya no se dedica solamente a la droga, al narcomenudeo, sino que busca otros emprendimientos. Cuestiones de política, sindicales. Y tratar de sacar ya no sólo plata, sino espacios de poder, compitiendo, de alguna manera, con el Estado”.
Según los acusadores, la estructura estuvo detrás de cinco asesinatos y siete tentativas de homicidio perpetrados desde septiembre de 2022 hasta agosto de este año en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Hubo nueve personas imputadas como gatilleros de la banda. Los más notorios: Jonatan “Jano” Fernández y Nahuel Fernando Lizarraga, apodado “Vino Tinto”, “Avispón” o “Ferni”.
Además, la asociación ilícita buscó “infiltrarse en estructuras de poder” y apretó al entorno de candidatos que participaron en la elección comunal de Alvear y en la intendencia de Villa Gobernador Gálvez.
Otro apartado es el rubro aprietes a sindicatos. “Quieren meterse en negocios legales de distintos sindicatos a través de la industria del apriete y la extorsión. Hay negocios en los que los afiliados son víctimas y las personas que están a cargo de los gremios tienen esta condición de víctima por estas extorsiones”, dijo el fiscal Franco Carbone, que enumeró atentados al Sindicato de la Carne, Empleados de Comercio, Uocra, Recolectores de granos y Camioneros.
Al resolver este lunes, Foppiani dijo que “la fiscalía debería profundizar en una pata que es como un fantasma que nunca sale a la luz y es el Servicio Penitenciario”.
“Si a Olguín o a Avalle le secuestran –con una semana de diferencia– celulares que demuestran que nunca se detuvieron de cometer delitos desde la cárcel, hay alguien desde el servicio penitenciario que debería responder. Si alguien le provee un celular a un interno, sabiendo que ese interno comete delitos que salen en los medios todo el tiempo, es lo mismo que entregarle un arma a un homicida”, fue la fuerte crítica de este magistrado, tanto al SP provincial –dependiente del Ministerio de Seguridad– como al federal, que está bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
“Como ciudadano –agregó Foppiani– no puedo hacer más que ponerlo de manifiesto, porque si no esto no es más que una puesta en escena para que la fiscalía demuestre que está investigando y los medios muestren que algo se está haciendo”.
