La causa por el hallazgo de una cueva financiera en Santa Fe tuvo más revelaciones esta semana, conforme avanza la investigación del fiscal federal Walter Rodríguez, que en un escrito le pidió al juez de instrucción Aurelio Cuello Murúa que siga detenido el único indagado en el expediente, Ángel Yamil “Turco” Benavidez, citando una serie de riesgos procesales.
El fiscal federal destacó que al profundizar la investigación sobre el origen de las 39 tarjetas de débito halladas en poder de Benavidez el 12 de septiembre, en una mesa de dinero clandestina en la zona portuaria (Puerto Amarras), surgieron indicios de vínculos con integrantes de la barra brava de Colón, precisamente con la facción conocida como La Negrada.
La gran mayoría de los titulares de los plásticos son personas “de bajos recursos, sin empleo, changarines, habitantes de barrios carenciados con muy poca instrucción, algunos de ellos con cierta discapacidad física” y varios de ellos son vecinos o familiares, indicó Rodríguez.
Entre ellos se encuentran un hermano, primo y tío de Brian Emanuel “Chuky” Ríos, líder o ex líder de la barra sabalera, indicó el funcionario del Ministerio Público Fiscal.
Benavidez fue indagado y se le atribuyó la obtención “mediante ardid o engaño, o cuanto menos mediante el uso no autorizado” de datos de 39 personas para “poner en circulación dinero obtenido en forma ilícita mediante operaciones de depósito en entidades financieras y transferencias entre cuentas bancarias con el fin de otorgarles apariencia de licitud”.
La maniobra la desarrolló con la intervención parcial de la persona jurídica “Servicios La resistencia Sociedad Simple”, constituida en septiembre de 2022 por Benavidez y un hombre identificado como Carlos Raúl Quartucci. Este hombre, según el diario El Litoral, posee prontuario de asaltante e integra la barra brava de Colón.
Según detalló el fiscal Rodríguez, el Turco Benavídez utilizaba el alias de Juan García para realizar operaciones de compraventa de moneda extranjera sin autorización.
El ex empleado del Concejo y del municipio de Santa Fe también recibía dinero durante un tiempo acordado, a cambio de “recibir un interés porcentual calculado en función del monto, con la posibilidad de mantenerlo invertido, o por lo contrario, retirar el monto e intereses percibidos, recibiendo a cambio de ello un rédito económico”; y actuó como intermediario en la adquisición de criptomoneda como otro recurso financiero.
Al solicitar la extensión de la prisión preventiva y la ampliación de la declaración de indagatoria, Rodríguez sostuvo que Benavídez, merced a sus contactos con la pesada de Colón, puede tener a su alcance “los mecanismos posibles de hostigamiento para desalentar eventuales testimonios en su contra”.
La causa se inició con el hallazgo de 45 millones de pesos, 83 mil dólares, 22 mil euros y 23 mil reales. Y, no menos importante, 39 tarjetas de débito del banco Santander a nombre de distintas personas y documentación diversa. Posteriormente, la Justicia federal, a través del juez Cuello Murúa y el fiscal Walter Rodríguez, libró más de una decena de allanamientos en distintos puntos, como ser un estudio jurídico, una vivienda de un country privado, y luego en cuatro sucursales bancarias del banco Santander, en la ciudad capital, Esperanza y San Jorge.
