Un convicto por homicidio alojado en la cárcel de Piñero fue imputado por pergeñar una estafa con la venta de una vivienda humilde de barrio Triángulo a fines del año pasado. Una vez ocupada la casa, la compradora –que pagó 1.5 millón de pesos– empezó a recibir amenazas y fue echada a los tiros. Este mes, la casa volvió a aparecer a la venta en Marketplace, pero la publicación ya fue dada de baja. La imputación por varios delitos también alcanzó a la pareja del recluso, que se encuentra prófuga. El mismo domicilio apareció en las crónicas policiales de 2017 cuando fue allanado en el marco de la desaparición de un hombre que luego fue hallado asesinado en un descampado.
Según la denuncia realizada por la víctima en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), en noviembre de 2022 compró una de las tres propiedades (supuestamente independientes entre sí) ubicadas al 3350 de calle Barra que estaba ofrecida en Marketplace, el sitio de compraventas de Facebook.
Para realizar la transacción, se encontró con una tal “Carla Ruíz” a quien le pagó 1.5 millón de pesos en dos cuotas. Primero fueron 1.3 millón que abonó el 12 de noviembre y 30 de diciembre pagó los 200 mil restantes. “Me dijo que vendía la casa porque le quedaba grande a ella e iba a comprar una mas chica”, dice la declaración. Una vez hecha la compra, extrañamente Carla Ruíz bloqueó su contacto en WhatsApp.
Carla Ruiz “era flaquita, rubia; me dijo que tenía 26 años, parecía de más. Tenía una hija, la vi a la nena, vino el día que hicimos la entrega de la plata porque yo le pagué en dos pagos. Supuestamente ella vivía antes ahí. Pero su dirección actual nunca me dijo”, expuso la víctima
Un mes después, el 28 de enero, comenzó la pesadilla. La casa fue blanco de amenazas y una balacera.
“Yo me encontraba en mi casa con toda mi familia, estaba mi hermano, estábamos cenando en la vereda, pasó una moto, había dos pibitos y tiraron. Fue el mismo día que me dejaron una nota, que fue en la madrugada, y a la noche nos balearon”, expuso la víctima.
Para el 14 de febrero, ya con la casa ya desocupada por temor, la víctima observó que el frente del domicilio se encontraba pintado de otro color, y además le habían cambiado la cerradura. Tres días después hubo un intento de restitución de la vivienda. Pero el 18 de febrero, recibió una llamada en número privado. Una voz le dijo que la casa no le pertenecía más y la amenazó. Así, tuvo que irse nuevamente.
La causa fue delegada a personal de la Brigada de Balaceras de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que con tareas de campo, escuchas telefónicas y entrevistas concluyó que Carla Ruiz no era el nombre verdadero de la supuesta vendedora.
Además, el impacto de las antenas telefónicas y las escuchas arrojaron que esta mujer era interlocutora de un recluso de la cárcel de Piñero, luego identificado como Ismael Edgardo González (39), actualmente purgando condena por homicidio. En julio de 2013 recibió una pena de 23 años de cárcel por varios delitos, entre ellos el crimen de Arturo Beltrán Correa durante un asalto ocurrido en 2010 en barrio Tío Rolo. La pena se unificó con una anterior que estaba cumpliendo al momento del asesinato.
Este viernes los fiscales Federico Rébola y Franco Carbone imputaron a González y a su pareja Daniela Carla R. –“Carla Ruiz”, prófuga con pedido de captura– de haber participado de un plan criminal “consistente en cederle la posesión del inmueble de calle Barra 3350 de Rosario a la víctima (mediante boleto de compraventa y pago contra entrega de 1.5 millón de pesos) para luego bajo intimidación y violencia (ataque armado al domicilio) hacer que la víctima abandone la propiedad para recuperar la posesión de la misma”.
La jueza Silvia Castelli le dictó prisión preventiva efectiva por el plazo de ley por el delito de amenazas “con el fin de compeler a la víctima a que abandone su residencia habitual” agravada por la utilización de arma de fuego en carácter de coautor; usurpación y estafa.
Historial denso
En la década pasada, la propiedad de Barra al 3350 apareció en las crónicas policiales cuando fue allanada por la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de una causa oscura: la desaparición de un hombre llamado Sergio Ramos.
Ramos había sido visto por última vez en esa casa, donde además funcionaba un almacén, en febrero de 2017. Ese mes fue víctima de un episodio violento en ese lugar: fue golpeado y baleado y estuvo una semana en coma. El 25 de febrero, Ramos desapareció sin dejar rastros. Las crónicas de la época señalan que una de sus hijas denunció a la pareja de su padre por la desaparición y señaló que la mujer vendía drogas.
En el allanamiento de octubre de 2017, los federales encontraron que en el lugar vendían drogas y había un templo umbanda en el que un perro adiestrado detectó manchas de sangre. Los detectives se llevaron demorada a Adriana T., ex pareja de Ramos y propietaria del local. Incautaron medio kilo de cocaína, 68 mil pesos y 100 dólares, veinte celulares, handies, siete videocámaras, balas 9 milímetros, una cuchilla, una espada tipo katana y un Chevrolet Astra.
Ya para ese entonces, en el mes de junio de 2017 había aparecido un cadáver en un descampado de Cabín 9, en Pérez. Casi dos años pasaron hasta que en mayo de 2019, y luego de un tardío análisis de ADN, al fin llegaron las pruebas finales: era Ramos.
