Una fiesta clandestina que se desarrollaba este sábado por la noche en un edificio del macrocentro de Rosario terminó con violencia contra la Policía y con cinco personas demoradas.
Agentes llegaron a calle Santa Fe al 3100, zona de la facultad de Medicina de la UNR, donde los mismos vecinos les facilitaron el ingreso para que intervinieran tras una denuncia.
Al momento de entrevistar a los ocupantes del departamento en cuestión, el dueño de casa y organizador del encuentro se resistió a ser aprehendido y agredió a un subinspector, según el parte policial.
De esa manera, tanto él como otros cinco participantes de la fiesta terminaron detenidos y trasladados a la comisaría 2ª.
Bar clausurado
En tanto, en la madrugada del sábado, agentes municipales y policiales clausuraron un bar en bulevar Oroño y Catamarca, donde jóvenes realizaban una fiesta clandestina e incumplían el horario de funcionamiento. Hubo 11 demorados.
Por la madrugada, clausuramos un bar en Bv. Oroño y Catamarca, donde realizaban una fiesta clandestina e incumplían el horario de funcionamiento.
— Carolina Labayru (@CaroLabayru) July 3, 2021
El fiscal ordenó el traslado de 11 personas a la Comisaria 2
Es un caso de excepción, porque el sector gastronómico cumple las normas. pic.twitter.com/9HGep3Anai
Fiesta con 25 personas en Santa Fe
Por otra parte, una fiesta clandestina que se desarrollaba este domingo a la madrugada en la ciudad de Santa Fe, de la que participaban 25 personas, fue desactivada por agentes policiales e inspectores municipales.
Éstos trasladaron al organizador hasta una comisaría donde se le inició un sumario por violación al artículo 205 del Código Penal.
Fuentes policiales informaron a Télam que la reunión se desarrollaba alrededor de las 2 de la madrugada en un taller mecánico situado en la esquina de Luciano Torrent y Necochea, en barrio Sargento Cabral.
El hombre de 64 años que fue identificado por la policía como el organizador de la fiesta fue demorado en la comisaría 5ª de la Unidad Regional Uno.
La norma establece una pena de seis meses a dos años de prisión a quien infringiere medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia.