Dos policías del Comando Radioeléctrico (CRE) fueron acusados este jueves por haber recibido en agosto, 10 mil pesos por parte de Jonatan Almada (30 años), un joven detenido por oficiar de “gerente” de una facción narcocriminal referenciada en el barrio Ludueña con conexiones con Los Monos. Y por haber tenido, al momento de su detención, dos armas extra sin documentación.
De acuerdo con la investigación del fiscal Pablo Socca, la dupla del CRE Jorge Russe (49) –que es jefe de tercio y además tiene título de abogado– y Ricardo Paéz (44) interceptó el 18 de agosto a Almada y a su pareja Magalí (26) en el cruce de las calles Rubén Darío y Florida. Los uniformados manejaban el dato de que Almada estaba involucrado en actividades delictivas, pero aún no tenía pedido de captura.
“Sabés que si yo quiero llamó a mi jefe que quiere tu cabeza”, le dijo, según la Fiscalía, Russe a Almada en ese cruce de calles de Arroyito Oeste. Y le preguntó “con qué comisaría arreglaba”, para luego proponerle que “él era un hombre de negocios y quería hacer negocios con él”.
En rigor, Almada sería detenido seis días después –el 24 de agosto– en un departamento de Entre Ríos al 1400, dos días después del operativo de 57 allanamientos que sitió barrio Ludueña y que fue un duro golpe a la banda comandada por Almada, Mauro Gerez, Andy Benítez y Julián Aguirre, según la investigación encabezada también por Socca.
La novia de Almada, que hace semana arregló una pena condicional por encubrirlo, dijo sobre el accionar de los uniformados esa noche de agosto: “El más jóven se notaba que no quería buscar, se notaba que estaba como asustado, sabiendo que estaban haciendo algo mal. Y en cambio el más grande estaba más empecinado. Se fijaron el número de patente del auto. Por radio pidieron el dominio del auto para ver si tenía captura y yo escuché que le dijeron que estaba todo bien”.
Luego de que revisaran el auto, “Jonatan se separó unos metros a hablar con los dos y luego me dijo: «Dame la plata». Yo le digo a Jonatan: «No, ¿por qué?». Y me dice: «Dale, porque el auto no está a nombre mío». Entonces yo le di 10 mil pesos que tenía, que había trabajado en el día, y lo tenía para pagar el alquiler del local. Se lo doy a Jonatan, él se lo da al policía no me acuerdo a cuál. Y ahí nos dejaron ir”.
Lo cierto es que a la mañana siguiente la pareja de Almada le contó lo ocurrido a su abogado en una charla telefónica que era monitoreada por los investigadores, ya que la línea estaba intervenida. Así fue cómo el acto de corrupción policial llegó a oídos de la Fiscalía, señala la investigación.
Otra evidencia en contra de los policías fue el recorrido del GPS, que esa noche ubicó al patrullero en las ubicaciones que detalló la testigo.
El 3 de octubre, la Agencia de Control Policial (ACP – ex Asuntos Internos) detuvo a los dos policías en la zona de Ayacucho al 6800. De ese procedimiento, surgió otro elemento que agravó la situación de los uniformados. Ocurre que al ser requisados, les secuestraron dos revólveres 22 que, por supuesto, no eran las armas reglamentarias. Uno estaba dentro de la de Russe y el otro oculto en el chaleco antibalas de Páez. Dos “fierros” sin documentación cuya procedencia no fue informada.
Los delitos imputados fueron concusión agravada –el cobro injustificado y arbitrario que hace un funcionario público en provecho propio–; portación ilegal de arma de fuego de uso civil incumplimiento de deberes de funcionario público. Al momento de resolver el juez Pablo Pinto fue benévolo con Páez: le impuso 30 días prisión preventiva. No fue el caso de Russe, que quedó detenido por el plazo de ley, es decir al menos dos años hasta el juicio o acuerdo de partes. Además ordenó notificar el accionar de Russe al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Rosario.
