La crisis de violencia que se vive en Rosario tiene diversas aristas de análisis. Una de ellas es la falta de control y seguimiento a los presos con salidas transitorias, que cumplen condenas con detención domiciliaria o que están en libertad condicional. Un informe solicitado por el Concejo municipal de Rosario puso en evidencia la precariedad de recursos con los que cuenta la Provincia para esto y el poco interés que, al menos hasta la gestión anterior, parece que se le dio a la situación.
El escrito, que tiene fecha del mes de septiembre del 2023 pero que se envió al Palacio Vasallo la última semana del año y tendrá ingreso formal en febrero del 2024, es en respuesta al planteo que hicieron en junio las concejalas Susana Rueda y Verónica Irizar.
El pedido de informes en cuestión estaba justificado por una supuesta “paralización de las tareas administrativas por una medida gremial que se estaba llevando a cabo en la delegación Rosario” del Patronato de Liberados, ubicado en Avellaneda 688 Bis.
Con esa excusa pidieron explicaciones por el alcance de esa medida de fuerza, pero también sobre la cantidad de condenados que la delegación tiene la obligación de controlar, la frecuencia con la que se hacen esos controles, el personal con los que cuenta el Patronato de Liberados en Rosario y los recursos asignados para cumplir con esta tarea.
Pese a la demora en la respuesta, que llegará formalmente unos ocho meses más tarde, el pormenorizado informe que elaboró el director provincial del Patronato de Liberados de Santa Fe durante la gestión de Omar Perotti, Gustavo Paciaroni, muestra los escasos recursos con los que trabajaron en los últimos años.
Con respecto a la competencia que tiene el Patronato de Liberados, Paciaroni aclaró que bajo su órbita está el control de las personas que se encuentran bajo libertad condicional, libertad asistida, detención domiciliaria, condena condicional o suspensión de juicio a prueba. En tanto que las salidas transitorias son controladas por otra dependencia del Estado.
En cuanto a la cantidad de condenados que están en libertad condicional o con prisión domiciliaria y que tienen a cargo en la delegación Rosario, Paciaroni detalló: “Asciende a un total de 6.181 tutelados activos (5.520 tutelados por causas provinciales y 961 tutelados por causas federales), más un total de 945 tutelados que habiendo cesado el control, se ha dado continuidad a las intervenciones sociales por el término de un año”
Es decir que en total la dependencia de Rosario tiene a su cargo el control de unas siete mil personas a las que, según el caso, tienen que visitar semanalmente, cada 15 días o de forma mensual.
De acuerdo al informe, el personal que tiene asignado la delegación rosarina para efectuar estas tareas de contralor y asistencia es prácticamente nulo: “19 agentes de los cuáles seis son profesionales y 13 desempeñan funciones administrativas”, explicó el ex funcionario.
“Todos los agentes de la Dirección se encuentran a disposición para realizar las salidas de control encomendadas. Por viaje, generalmente los agentes asignados son tres: el chofer, un agente administrativo, y un profesional (Trabajadora Social)”, agregó. Para estas salidas de control, la dependencia cuenta con cuatro automóviles.
Sobre el cese de actividades administrativas en la oficina ubicada en la zona norte de la ciudad, el por entonces encargado aclaró que no se trató de una medida de fuerza sino que un inconveniente en el suministro de agua que se extendió por tres días.
