El juez de la sala IV de la Cámara de Apelación Penal en Rosario, Javier Beltramone, analizó la situación que se vive en la región y el aumento de los delitos por el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles. Para el jurista, la problemática tiene solución y va por el lado de colocar inhibidores en los penales.
“Cuando uno era juez de instrucción, 15 años atrás, y secuestraba un teléfono celular lo único que secuestraba era una línea telefónica. Pero lo que secuestran ahora los fiscales es una pequeña computadora dentro de la cárcel”, señaló Beltramone en diálogo con Radiópolis Weekend (Radio 2).
Para el camarista, además de la pregunta sobre cómo puede ser que ingresen estos teléfonos a las cárceles, hay que interrogar sobre por qué no se avanza en la instalación de inhibidores de señal. “Si se hiciera lo que se debe hacer, el ingreso de un celular a la cárcel sería irrelevante porque no tendría que tener señal”, aseveró.
“Un inhibidor no es algo complejo o de difícil tratamiento. Pero además, hoy existe la tecnología suficiente como para dejar sin señal a un lugar determinado (las cárceles) a través de las antenas de telefonía”, añadió el juez.
A modo de ejemplo, sostuvo que se podría dejar la unidad penal de Piñero sin teléfono al instalar afuera los inhibidores de señal y garantizándoles a los guardiacárceles la posibilidad de comunicarse con otro tipo de tecnología.
De todos modos, aclaró que no está a favor de incomunicar a los reclusos, pero sí de que deban hacerlo mediante líneas fijas y que estén monitoreadas.
“El problema no es que ingrese. Lo que hay que hacer es dotar de la tecnología, que ya existe, para dejar sin señal móvil a las cárceles y colocar los inhibidores”, insistió Beltramone.
Para el juez, con esto se podría reducir la economía delictiva que se genera intramuros y que es de gravedad. “Con un teléfono se los mantiene activos (a los presos) para que, desde un lugar en el que están protegidos cumpliendo su pena, pueda cometer delitos. Por eso tenemos que hacer qué teléfono que ingrese a un penal, quede inhibido y bloqueado. Ahí se terminó la economía delictiva”, detalló.
Ante los reclamos de las empresas proveedoras de telefonía celular de que esto podría afectar a quienes viven cerca de las cárceles, Beltramone aseguró que hoy en día la tecnología tiene un grado de precisión que deja sin efecto este argumento.
“No es cierto que no se puede, pero el problema es que (las empresas) tienen que invertir en la colocación de antenas y celdas para redireccionar esas antenas y darle señal a la gente que habita alrededor de Piñero, por ejemplo, y quitarla alrededor de la cárcel”, concluyó.
