El fiscal General de la provincia, Jorge Baclini, dio detalles de la situación de Fernando Rodrigo, fiscal adjunto que presentó la renuncia este jueves tras haber sido denunciado por presuntas irregularidades en escuchas telefónicas. Agregó que en total habrían sido perjudicadas diez personas, entre ellas, la ex pareja, el ex suegro y dos amigas de la mujer.
En conferencia de prensa, Baclini manifestó que la pena que afrontaría Fernando Rodrigo sería entre 3 y 10 años de prisión, ya que está denunciado por los delitos de abuso de autoridad, incumplimento de deberes de funcionario público e intervención ilegal de comunicaciones.
Sobre la investigación penal dijo que "está avanzando" y que se tomaron medidas previas y cautelares para garantizar la evidencia. "Se hicieron allanamientos, intervenciones, declaraciones testimoniales, pedidos de informes a compañías telefónicas. El panorama de recopilación de evidencia está avanzada", señaló.
Consultado sobre la responsabilidad de los jueces que aprobaron las escuchas, indicó: "Hay varios jueces. En este caso, son sujetos supuestamente engañados en las investigaciones".
"Sobre un grupo causas que tenía solicitó las intervenciones telefónicas", informó al tiempo que añadió que las escuchas llevan "mucho tiempo" y que en total hay unos 150 CD de comunicaciones telefónicas para analizar.
Cómo se aprueban las escuchas
El fiscal explicó que actualmente los fiscales que llevan a cabo las investigaciones, cuando consideran que es importante intervenir un teléfono para recabar más información, hacen la solicitud ante un juez con una argumentación sobre el motivo. "A veces los jueces piden más explicaciones. Después autoriza en base a los fundamentos del fiscal y libra un oficio a la autoridad encargada de hacer las intervenciones", agregó.
Baclini expresó que a partir de este caso ya "hubo contactos con jueces" para perfeccionar la mecánica para que los magistrados aprueben las solicitudes de intervenciones telefónicas hechas por los fiscales.
