Un grupo de ambientalistas, trabajadores y amantes del río denunciaron que un empresario ganadero cerró el arroyo navegable conocido como Boca de la Cruz, en las islas frente a Rosario, con fines privados. El acto afecta la zona de humedales, una reserva de la biodiversidad local, y viola la normativa vigente. Tras ese acto, van por más: realizarán un relevamiento de las islas y buscarán conformar una red de control junto a isleños.

Los autoconvocados en defensa del río realizaron el fin de semana pasado una suerte de escrache (un "velatorio" del cauce bloqueado en ese campo) y en estos días preparan un informe para elevar a Victoria, Entre Ríos, con el fin de que se avance en los controles en la zona de islas. Además, trabajan para que el Concejo realice un pedido de informes sobre el cierre de cursos de agua navegables.

"Somos un grupo heterogéneo, con abogados, biólogos, maestros, entre otros, que nos juntamos para hacer pública esta situación. La idea es conformar una red con isleños, que permita denunciar y generar conciencia rápidamente cuando se realicen trabajos ilegales sobre los humedales", contó a Rosario3.com Maximiliano, integrante del grupo que se reúne todos los martes a las 20 en el gimnasio de capoeira Zungú, de Avellaneda y avenida Alberdi, y que invita a los interesados a sumarse.

El "velatorio" en las islas

El título del mensaje que llegó al espacio de Periodismo Ciudadano de este medio fue "Una protesta más que extraña y original, en pos de los humedales" y alertó sobre la situación.

"Un productor ganadero cerró un arroyo navegable en la zona de islas cercanas a Rosario, para poder llegar hasta su casa con una 4x4, lo que generó un malestar muy grande entre la gente del río, tanto en los pescadores que viven del recurso ictícola como en los visitantes que se llegaban hasta esa zona, pues era un verdadero reservorio de biodiversidad como había pocos en aquel maravilloso estado de conservación", señala el grupo de ambientalistas y kayaquistas de la región, que acusa a Enzo Mariani, quien además es el dueño de la guardería náutica Henry Morgan.

"El grupo autoconvocados «el Paraná no se Toca», el mismo que hace pocas semanas se opusiera fuertemente al proyecto arrocero entrerriano en los humedales, esta vez se hizo eco del último pedido que hiciera Adrían Busi, un querido kayakistas fallecido de cáncer en enero de este año: hagamos un acto en el tapón del arroyo cortado. Los kayakistas se convocaron en la zona donde se mató ese cauce de agua y prepararon un velatorio para homenajear al arroyo cortado", explicaron.

El acto de protesta se llevó a cabo el fin de semana pasado (ver imágenes y relato). Ahora, desde ese grupo adelantaron a Rosario3.com que realizarán un nuevo recorrido por otros "riachos de nuestra zona para seguir documentando, inventariando y viendo cómo están los ambientes". 

Por otro lado, autoridades de Victoria les pidieron las coordenadas exactas del arroyo tabicado. La misma respuesta tuvieron desde esa Municipalidad hace casi cuatro años cuando se realizó una denuncia similar contra el mismo titular de ese campo (ver más abajo). 

La zona de conflicto se puede ver desde el Google map, herramienta que el grupo utilizó para marcar con fotos los lugares clave. Además, desde la Asociación Rosarina de Pesca con Mosca sumaron imágenes satelitales de los terraplenes ilegales registrados hace cuatro años en el mismo campo (ver Galería de imágenes).

La historia de los terraplenes

En julio de 2008 el diario Crítica de la Argentina publicó un informe sobre el mismo accionar en ese mismo sitio, que ya realizaba el empresario Mariani.

“A sólo diez kilómetros frente a Rosario, en las islas entrerrianas, un terraplén de dos metros de alto, cinco de ancho y varios kilómetros de largo corta uno de los brazos del Paranacito, uno de los riachos internos. La obra forma parte de una serie de caminos de tierra que cortan cursos de agua y secan lagunas, como base de la estrategia de un empresario ganadero para convertir el humedal en un terreno apto para multiplicar las cabezas de su hacienda”, señalaba la nota.

“Las obras no están habilitadas por el gobierno de Entre Ríos y violan la ley provincial nº 9172 de uso del agua, algo que al ente con poder de policía en el tema le consta, pero no actúa «por los tiempos que lleva un trámite en la administración pública»”, continúa el texto que puede rastrearse por internet aunque no en la página del extinto diario Critica, dada de baja.

La evidencia de que la ausencia de controles es un peligro para la preservación del humedal, uno de los más importantes del mundo, queda a sólo 45 minutos en lancha desde Rosario, a tres kilómetros de la ruta a Victoria y a sólo un click de la computadora de algún funcionario que le eche una miradita al famoso programa de imágenes satelitales Google Earth.

“Es cierto, existen muchos terraplenes que se realizan de forma ilegal”, reconoció Pamela María, titular del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (Corufa). El ente, que depende de la Secretaría de Producción, ejerce el poder de policía sobre la zona pero cuenta con “tres o cuatro inspectores”, según apuntó la funcionaria. Crítica de Santa Fe quiso saber la cantidad de inspecciones que el Corufa realizó en lo que va del año, pero no obtuvo respuesta. 

La respuesta del empresario

El propietario del campo en cuestión, Enzo Mariani, defendió en aquel momento (hace más de cuatro años) sus acciones: “El Paranacito, que se utiliza para la navegación, está totalmente abierto. Lo que cerramos porque necesitamos el camino para pasar es una boca que se abre del Paranacito a la izquierda, que se conoce como el Zanjón de la Cruz, que no es navegable, salvo cuando hay creciente. Lo otro que cerramos es el comienzo de una zanja, el bañado de Sacacalzones, antes de otro zanjón, que se llamaba Pantanoso. No teníamos vinculación con una parte de nuestra propiedad y tapamos esa zanja para poder acceder del otro lado, nada más”.

Entre Ríos debería exigir habilitaciones y estudios de impacto ambiental ante cada obra en la zona de humedales. Así lo establece la ley de uso de aguas nº 9172. “Si eso no se cumple, hay una infracción y debe sancionarse”, aseguró Diego Rodríguez, abogado del grupo ecologista Mbiguá. El artículo 45 de esa norma es claro: “Los titulares de propiedades lindantes con cursos de aguas no navegables, podrán construir por su cuenta cruces o puentes, siempre que no entorpezcan o reduzcan el paso de las aguas”.

El video con la denuncia