La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley, por unanimidad, la tercera prórroga de la ley nacional que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral.


La norma, que ya lleva once años de vigencia y que vencía el próximo 23 de noviembre, regirá así por otros cuatro años.

“Esperemos que esta sea la última prórroga, porque los pueblos originarios están esperando tener la certeza sobre sus derechos sobre las tierras que ocupan”, sostuvo el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (Pro).

Lipovetzky sostuvo que “el mayor retraso” en el relevamiento catastral se registra “en las provincias que tienen mayor conflictividad territorial”.

“Debemos empezar a pensar en una agenda pública sobre los derechos de los pueblos originarios”, sostuvo el macrista, quien consideró esto como “una obligación de justicia por parte del Estado”.

Según publicó el sitio parlamentario.com el debate de la norma se vio atravesado por el caso Santiago Maldonado.

En este contexto, uno de los discursos más duros fue el de Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista), quien tildó al jefe del bloque de senadores del PJ-FpV, Miguel Pichetto, de “caradura” por haberse expresado en contra de la existencia de “tierras sagradas” en la Patagonia.

“¡La tierra sagrada para Pichetto es la de Benneton!”, bramó Giordano, y defendió la necesidad de prorrogar la Ley 26.160 “para que cesen con el hostigamiento y la persecución” a las comunidades originarias, que, dijo, se remonta a la Campaña del Desierto.

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