Cristina Fernández de Kirchner fue procesada en la causa Los Sauces por el juez Claudio Bonadío, que extendió el fallo a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
El magistrado dispuso, además, un embargo de 130 millones de pesos sobre los bienes de la ex presidenta.
El procesamiento para Cristina es por asociación ilícita, negociaciones incompatibles y lavado de dinero. El eje principal de la causa busca determinar si Cristina recibió coimas a través del alquiler de inmuebles a cambio de contratos del Estado. Estas operaciones las habría concretado con Báez y López.
Para Bonadío, Cristina junto al fallecido Néstor Kirchner y su hijo, el diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner, eran los jefes de una asociación ilícita que utilizaba la sociedad Los Sauces para ingresar allí fondos en apariencia lícitos pero provenientes de negocios relacionados con el Estado.
La sociedad se constituyó en 2008 y desde entonces adquirió varias propiedades. En la investigación de la compra de las mismas, el magistrado entiende que se hallaron numerosas irregularidades en la documentación contable que derivó en revelar un entramado y vínculo con otros nombres y sociedades, algo clave para dictar el procesamiento.
