La megacausa por fraude, lavado y asociación ilícita tuvo otra extensa audiencia este martes en los Tribunales. Pasada la medianoche, la jueza Mónica Lamperti resolvió dejar en libertad al empresario, gerente de La Capital, Pablo Abdala y el escribano Luis María Kurtzemann (h), con 800 mil pesos de fianza. Ambos tienen prohibición para salir del país, deberán fijar domicilio y presentar garantes, además de estar obligados a presentarse cuando la Fiscalía lo requiera.

En tanto, dictó prisión preventiva para Jonatan Zárate, investigado por ser quien presuntamente aparecía como titular y luego vendedor de los inmuebles, y el agente de bolsa Jorge Oneto por 30 días y para el resto – el comerciante Juan Roberto Aymo. el sindicalista Maximiliano González de Gaetano, el empresario Leandro Pérez, el escribano Eduardo Martín Torres, el contador Marcelo Basilio Jaef– 60 días. Ramona Rodríguez, esposa de Aymo, continúa con prisión domiciliaria por el cuidado de su hija. Por otra parte, hasta ayer permanecía prófugo Tránsito Retamar Portillo.

El fiscal Sebastián Narvaja se mostró “conforme con la decisión (de la jueza) después de una audiencia larga que comenzó a las 9”, según reveló a los periodistas apostados en Tribunales.

Consultado sobre cuáles serán los próximos pasos, indicó: “Las defensas harán sus apelaciones y presentarán recursos. Nos toca como Fiscalía ponernos a trabajar” y precisó: “De los procedimientos se secuestó material informativo enorme que tenemos que organizar”.

En ese sentido, reveló que hay “documentos secuestrados durante los procedimientos, computadoras y equipos informáticos que registran información patrimonial, operaciones financieras, inmobiliarias, escrituras y documental varias”. También se encontraron boletos de compra venta de automóviles. “Hay que hacer un análisis económico de todo eso”, remarcó.

En cuanto las supuestas víctimas, quienes son los propietarios legítimos de los terrenos en cuestión, sostuvo: “La Fiscalía quiere recuperar los activos y reparar a las víctimas. Trataremos de demostrar que la enajenación de las propiedades fue fraudulenta y si persuadimos a los tribunales, esos bienes volverán en poder de las víctimas”.

Audiencia larguísima

La segunda jornada arrancó a las 9 y tuvo varios cuartos intermedios de descanso, el último cerca de las 20. Se esperaba que la jueza Mónica Lamperti decida sobre el final del día las medidas cautelares contra los acusados, o si esa definición se resolverá en las próximas 48 horas. La Fiscalía solicitó que se mantenga la prisión preventiva sin plazo, mientras continúa la investigación.

En tanto, todos los imputados negaron los cargos que les leyeron y la mayoría aseguró no conocerse o haber visto en contadas ocasiones. Los abogados defensores también tuvieron espacio para la exposición y fueron solicitando prisión domiciliaria para sus clientes, en algunos casos con el ofrecimiento de millonarias fianzas.

Según informó la periodista del Tres Almudena Munera Muñoz, la defensa del contador Marcelo Jaef y de Leandro Pérez propuso pagar una caución de 2 millones de pesos por cada uno para que puedan seguir el proceso en sus viviendas. Además, se ofreció la entrega de los pasaportes para garantizar que no saldrán del país y, en el caso de Jaef, también se propuso una persona que oficie como garante.

También solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria el abogado de Jonatan Zarate, acusado de formar parte de los primeros eslabones de la asociación ilícita como presunto falso apoderado, encargado de vender propiedades en nombre de los verdaderos titulares. En su caso, se ofreció una fianza de 5 mil pesos calculada en base a sus ingresos declarados.

En tanto, el sindicalista Maximiliano De Gaetano, acusado por la fiscalía como uno de los organizadores de las maniobras y de financiar la organización, pidió la prisión domiciliaria con el argumento de tener a cargo a su madre discapacitada y su hija de 13 años. También ofreció dinero en efectivo como fianza y el bien de un tercero.

Los fiscales y las próximas medidas

Durante la extensa jornada de este martes, el fiscal Sebastián Narvaja anunció que se cotejarán datos con causas federales que podrían complicar más a algunos de los acusados y añadió que las nuevas pruebas generadas en la investigación podrían conducir a otras personas aún no investigadas, por lo que no se descartaban nuevas detenciones.

Por otra parte, unas de las derivaciones que la “megacausa” podría tener es la investigación administrativa dentro de áreas del gobierno provincial. Por ejemplo, este martes se conoció el inicio de un sumario interno para identificar a la supuesta empleada que recibió dinero para "facilitar" un trámite en el Registro de la Propiedad y que consta en la causa por fraude, lavado y asociación ilícita.

Matías Figueroa, subsecretario de Asuntos Registrales de la Provincia, afirmó a Radio 2 que de las escuchas que presentó el fiscal Sebastián Narvaja se desprende que una integrante de esa oficina del Estado “pidió dinero, como préstamo, para acelerar un trámite”.

En uno de los cuartos intermedios de la tarde, la fiscal Valeria Haurigot confirmó que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pidió la prisión preventiva sin plazo para todos los detenidos. De los once, sólo Ramona Rodríguez fue beneficiada con prisión domiciliaria debido a que es el único adulto a cargo de su hijo de cinco años; entonces por el interés superior del niño se le permitió cumplir con la prisión en su casa.


Negaron vínculos

Todos los imputados negaron las acusaciones y los supuestos vínculos entre ellos. Sólo dos personas, Pablo Abdala y Marcelo Jaef, reconocieron ser amigos de años. El resto dijo haberse visto en pocas ocasiones y en marcos circunstanciales.

Asimismo, casi todos atribuyeron sus riquezas al trabajo y esfuerzo de mucho tiempo; en tanto el gremialista Maximiliano De Gaetano sostuvo que no es un hombre de fortuna y que tiene a cargo a varios familiares.

Además de Abdala, Jaef, Rodríguez y De Gaetano, las otras siete personas imputadas son Juan Roberto Aymo, Jonatan Zarate, Juan Bautista Aliau, Eduardo Martín Torres, Leandro Pérez, Jorge Oneto y Luis María Kurtzemann. En tanto, todavía hay una persona prófuga.

Se los acusa de haber tomado parte de una organización que mediante la distribución de roles estuvo destinada a generar el acceso de activos, a través del desarrollo reiterado de fraudes inmobiliarios, con el objetivo de integrarlos nuevamente el mercado con la consecuencia posible que adquieran apariencia de licitud.

Las quejas de los abogados

Jorge Bedouret, abogado del dirigente sindical Maximiliano De Gaetano, se quejó de la investigación desarrollada por la fiscalía y aseguró que las acusaciones son "un buen discurso para la sociedad" pero no tienen sustento jurídico.

“Te fuiste de vacaciones a tal lugar y después viniste y te compraste un R12, ¿de dónde sacaste la plata? Preso. Asociación ilícita, narcotráfico; si todo lo vamos a vincular así...”, protestó el letrado.

El abogado Iván Hernández Larguía, que representa a Pablo Abdala, señaló que su cliente llega a la imputación sin saber quién lo acusa ni de qué.

Aseguró que no hay vínculo probado entre los detenidos, con lo cual puso en duda la supuesta asociación ilícita –una de las imputaciones del fiscal Sebastián Narvaja– y descartó también que haya delitos relacionados al narcotráfico.

Además, apuntó contra la "injerencia" del gobierno y el tratamiento de la prensa sobre el tema.

El llanto de Pérez

Leandro Pérez, el ex novio de Victoria Xipolitakis detenido el miércoles pasado en el marco de la megacausa por fraude, lavado de activos y asociación ilícita, habló este martes en la audiencia judicial y lloró.

Según informó el periodista de Radio 2 Ariel Borderi desde Tribunales provinciales, el titular de la agencia de autos Reina Automotores SRL negó ser parte de una banda junto a los otros diez detenidos, como imputó el fiscal Sebastián Narvaja.

Pérez rechazó haber participado de la venta de cinco vehículos de alta gama, entre ellos un Audi y un Mini Cooper, que pasaron por su agencia. También se distanció del grupo narcocriminal Los Monos.

En un momento de su descargo, el empresario se quebró y aseguró que su notoriedad por haber sido pareja de la vedette Vicky Xipolitakis perjudicó su imagen.

Más información