Tras el fallo judicial que obliga a la obra social de los estatales santafesinos, Iapos, a cubrir un tratamiento de fertilidad a una mujer que está a punto de cumplir 50 años, el especialista que la atiende, Julio Colabianchi, sostuvo que “por supuesto que es posible que la paciente quede embarazada”.

En diálogo con el programa Radiópolis, que conduce Roberto Caferra en Radio 2, Colabianchi explicó que hay una convención de que hasta los 50 años las condiciones en general para hacer tratamientos de fertilidad asistida son buenas y que después de esa edad también es posible, aunque crece el riesgo.

Pero “hay que tener todos los recaudos” y hacer las evaluaciones correspondientes sobre el sistema hormonal, endócrino, el hígado, el corazón.

“Es indudables que las enfermedades que puede generar un emabarazo son mayores que cuando se es joven”, afirmó.

Pero al mismo tiempo planteó un dilema: “Primero se es persona y después médico. Cuando se sienta una mujer delante mío y me hace el planteo, ¿quién soy yo para decir sí o no?”.

“Los que hacemos reproducción tenemos que ser muy cuidadosos”, insistió, y en ese sentido habló de la obligación de informar de “posibles complicaciones en el embarazo y el parto”.

En ese sentido, consideró razonable los planteos de las obras sociales en cuanto a la posibilidad de mortalidad de embarazadas de mayor edad. Por eso, consideró que no se puede decir sí “indiscriminadamente” a los pedidos de tratamiento.

El caso

En el caso que motivó el fallo judicial, según informa el diario El Ciudadano, la paciente tiene 49 años, por lo cual la edad está por debajo de la edad donde comienza el mayor riesgo.

Según la nota de El Ciudadano, esta mujer llevó los papeles al Iapos pero no se lo autorizaron: se excusaron en la edad, en que el tratamiento iba a fracasar y que, de tener éxito, sería un embarazo de riesgo.

Frente a esa situación presentó un amparo en Tribunales y la jueza Delia Giles le dio la razón. Dijo que la mujer tiene derecho a gozar de los beneficios del progreso científico.

La jueza Giles consideró que la Constitución protege a las personas para exigir la aplicación de nuevas tecnologías o nóveles tratamientos. También impide a las obras sociales negarse a solventar los costos. Por eso, resolvió que la obra social cubra el tratamiento de fertilización asistida de alta complejidad ICSI con ovodonación, hasta tres intentos.