El Concejo aprobó sobre tablas un pedido de informe del concejal de Cambiemos Roy López Molina, en donde se pregunta las razones por las cuales la Municipalidad autorizó el cobro de un canon fijo a las personas que concurrieron a presenciar un espectáculo en las inmediaciones del predio de la ex Rural y el Parque de la Independencia.

El edil sostuvo que “en todos los casos los cuidacoches aluden a que la Municipalidad de Rosario los autorizó al cobro y que es objetable la pasividad en la presencia del personal de la Secretaría de Control frente a estos casos”.

El proyecto aprobado de López Molina pregunta al Ejecutivo el detalle de cuál es la zona delimitada en inmediaciones del predio de la ex Sociedad Rural para el cobro del estacionamiento en un valor de 100 pesos, como así también, exige respuesta sobre quiénes tienen a su cargo la recaudación de la tarifa establecida y cuántas personas llevan adelante la recaudación; para ello se quiere conocer también cuánto es el monto autorizado para el cobro y bajo qué parámetros técnicos o financieros se determinó ese monto. 

Asimismo, la Municipalidad deberá dar una respuestas sobre el accionar de la Secretaría de Control sobre el control de las tarifas cobradas y la identificación de las personas que lo cobran; y de qué manera se informó al vecino la implementación de esta modalidad de pago por estacionamiento en la vía pública. 

“Al omitir someter convenios o acuerdos a la aprobación del Concejo Municipal, genera, además de fomentar una actividad ilícita, incertidumbre a los vecinos que se ven sometidos a tener que pagar la tarifa por estacionar los vehículos en las zonas sujetas a actividad de cuidacoches; es así que no hay norma oficial que indique por qué se cobra determinada tarifa, tampoco sabe el ciudadano si lo que paga es lo “autorizado” por el D.E.M., y menos aún cuál es la zona y los horarios delimitados para que actúen los cuidacoches “autorizados”, amplió el concejal. 

“Tenemos que lograr una convivencia donde todos podamos estar tranquilos y seguros de lo que pagamos, y para ello no existe ningún tipo de control por parte de la Municipalidad; por tal motivo ponemos un plazo, a la misma de 15 días para empezar a resolverlo, dar una respuesta y encarar la problemática”, finalizó Roy López Molina.