El desarrollo de la ciudad avanzó hacia la zona de Puerto Norte, que se urbanizó casi por completo salvo por un escollo: un terreno usurpado de Francia entre Caseros y Junín, donde hay una villa. Allí viven decenas de familias que le firmaron a un fideicomiso administrado por un empresario del rubro pastelería una “cesión de derechos y acciones posesoras”. Algunas de esas personas dijeron que no saben bien lo que firmaron y que lo hicieron porque les prometieron darles casas de material, en otra zona de la ciudad. Así, el empresario en cuestión podría quedarse por un precio módico con un terreno valiosísimo.

Después del desmantelamiento de la estructura ferroviaria quedaron en desuso y abandonados una gran cantidad de terrenos a lo largo y a lo ancho del país. En Rosario, el proceso de reconversión de esas tierras comenzó en 1993, cuando el Estado Nacional de aquel entonces, con la presidencia de Carlos Saúl Menem, decidió otorgarles a los municipios la posibilidad de aprovechar con otros fines esas zonas destinadas, en el pasado, al funcionamiento de los trenes.

En la ciudad, la Municipalidad decidió desarrollar proyectos públicos y privados y así fue como se reutilizaron los galpones ferroviarios para el shopping Alto Rosario, se construyó el Parque Scalabrini Ortiz, se llevaron a cabo los desarrollos inmobiliarios en Puerto Norte y costanera y a cambio los inversores abrieron calles, avenidas y plazas.

Sin embargo, hay terrenos sobre los cuales aún no se pudo avanzar, por distintos motivos. Entre ellos está el terreno ubicado sobre Francia entre Caseros y Junín, que se hizo conocido públicamente tras el informe de narcotráfico del programa de Jorge Lanata en el cual se mostraba el funcionamiento de un búnker de drogas frente a una de las zonas más caras de la ciudad.

Es una superficie de 20.000 metros cuadrados conformada por un espacio verde, una zona usurpada por unas 70 familias aproximadamente y una cooperativa distribuidora de jugos. Lo llamativo es que sobre este terreno pesa un juicio por usucapión sin sentencia en el Juzgado Federal Nro 2 a cargo de la Dra. Silvia Aramberri por parte de un fideicomiso de nombre “Del Alto” (que nada tiene que ver con el proyecto inmobiliario de la zona de nombre similiar) cuyo administrador es un conocido empresario rosarino dedicado a la pastelería. En la carátula de la causa figura Fideicomiso "Del Alto" contra el Estado Nacional sobre "prescripción adquisitiva".

La "prescripción adquisitiva" o "usucapión" es una forma "pacífica" de adquirir la propiedad de una cosa que le corresponde a aquella persona que por un tiempo determinado y previsto por ley y bajo las condiciones también establecidas por ley, ha poseído un inmueble.

El terreno, por ahora, está en manos de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado), anteriormente llamada Onabe, perteneciente a la jefatura de gabinete de la Nación.

En tanto, en el boletín oficial de la provincia de Santa Fe del miércoles 26 de noviembre del año 2014 se da cuenta, a través de un comunicado, que dos agrimensores fueron comisionados por este empresario "para realizar una mensura para información posesoria de un inmueble de su posesión, ubicado en la zona urbana de la ciudad de Rosario, en la calle Madres de Plaza 25 de Mayo Nº 2891, (y/o Junín y Avenida Francia s/n, y/o Junín Nº 16/22 y/o Avenida Francia Nº 100 Bis, siendo cualquiera de estos domicilios, los que identifican a un mismo inmueble)"

La causa se inició en 2012 pero en agosto de 2014 tomó impulso porque se hizo la audiencia conocida como "360", que es una convocatoria a las partes. Desde allí está en trámite y en etapa probatoria, aún sin sentencia.

Es llamativa la manera mediante la cual se conformó el fideicomiso, ya que el mencionado administrador logró que poco más de 30 familias, que desde hace unos años usurpan parte del terreno, figuren legalmente como integrantes del mismo. El fideicomiso se firmó el 5 de octubre de 2011 ante una escribana.

Asimismo, este numeroso grupo firmó una "cesión de derechos y acciones posesoras" del terreno usurpado en el que viven, a favor del fideicomiso y a cambio de una promesa de dinero para construirse viviendas en otro sector de la ciudad. Lo particular es que hay un grupo de usurpadores que dicen no saber leer ni escribir y en el informe presentado en De12a14, aseguran "ignorar lo que firmaron" y que "solo interesa el dinero para construir una casa". Será la justicia quien deberá determinar la validez de dicho consentimiento, en relación a la capacidad de quienes lo prestaron.