La Justicia tucumana liberó a los los integrantes del llamado “clan Ale”, acusados de encabezar una organización dedicada al lavado de activos, a la extorsión, al cobro de acreencias propias y de terceros, y a los que Susana Trimarco acusa de la desaparición de su hija, María de los Ángeles Verón. El tribunal señaló “ha desaparecido el riesgo de fuga”.
Según informó Télam, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, que integran los jueces Alicia María Noli, Domingo José Batule y Gabriel Eduardo Casas, dispuso el cese de la prisión preventiva de los 12 imputados del clan Ale que permanecían privados de su libertad y ordenó su inmediata libertad.
La medida beneficia a Rubén "La Chancha" Ale, María Jesús Rivero, Fabián Antonio González, Ángel "Mono" Ale, Hernán Horacio Lazarte, Ernesto Santos Catulo, Marcelo Manca, Carlos Rolando Ocampos, Enrique Lorenzo Chanampa, Sergio Francisco Parrado, Víctor Alberto Suárez y Oscar Roberto Dilascio.
Los magistrados dictaminaron que los imputados "cumplieron con la prisión preventiva sin haberse producido ningún intento de fuga, sin perjuicio de que ha sido cumplida mediante el sistema de control electrónico, y eso ha hecho desaparecer ese riesgo".
"Se ha recuperado plena vigencia el derecho a seguir el juicio en libertad, teniendo en cuenta los tiempos de detención que llevan los acusados", dice el fallo y agrega que "La Chancha" Ale, Rivero y González llevan tres años y nueve meses detenidos.
Los integrantes del clan Ale, a los que Trimarco vinculó con la desaparición de Marita en 2002, son juzgados desde hace nueve meses acusados de formar una banda criminal dedicada al lavado de activos provenientes de distintas actividades ilícitas, incluida la trata de personas con fines de explotación sexual.
También se los acusa de presunta producción y comercialización de drogas ilegales, tenencia ilegítima de armas de fuego y cobro extorsivo de acreencias propias y de terceros.
Los imputados, que estaban cumplieron prisión preventiva, gozarán de la libertad mientras avanza el proceso impulsado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
