Expertos de la ONU instaron a todos los Estados miembros a ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, dado que este problema se da en todas las regiones del mundo y en muchos países está aumentando.
Si bien el pedido coincide con el caso de Santiago Maldonado, cuya causa ya fue caratulada bajo este delito, la organización hizo el llamado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se celebra este miércoles. Los diferentes órganos de la ONU señalan en un comunicado que es "inadmisible" que en 2017 se sigan produciendo desapariciones forzadas.
"Todos los días recibimos nuevos casos de personas en todo el mundo que han sido sujetas a una desaparición forzada. Cuando esto sucede, la vida de familias enteras se rompe en pedazos, y la estructura de la sociedad se daña. Esto tiene que acabar", señalaron los expertos del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
La vicepresidenta del Comité Contra las Desapariciones Forzadas, Suela Janina, consideró que "no hay ninguna excusa válida para que esta Convención no sea ratificada universalmente". Después de ratificarla, los Estados deben introducir una legislación nueva y garantizar su aplicación en la práctica.
La Convención proporciona a los Estados una base para el establecimiento de un marco legal sólido en las áreas de prevención, castigo, reparación y no repetición de las desapariciones forzadas, así como una herramienta para proteger a las personas desaparecidas y a sus familiares.
Hasta el momento, 57 Estados ratificaron la Convención. "Nuestra meta es doblar el número de Estados partes de la Convención en los próximos cinco años", añadió Suela Janina. La Convención también establece las obligaciones de los Estados de retener a las personas privadas de libertad en lugares de detención oficiales, de revelar su paradero y de proporcionar con rapidez información precisa sobre la detención a sus familiares, sus representantes legales y otras personas con un interés legítimo.
