La jueza Roxana Bernardelli hizo lugar al hábeas corpus correctivo y colectivo pensado por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal destinado a establecer condiciones para los presos y reducir la cantidad de detenidos en las comisarías de Rosario. Además, dispuso el plazo para finalizar las obras de la alcaidía regional.
Bernardelli ordenó en una extensa resolución fijar un cupo de detenidos en todas las dependencias policiales, cuyo número no puede superar los 230 internos, y disponer como plazo de finalización para la construcción de la alcaidía regional el 6 de agosto de 2015.
Además, la magistrada instó al Ministerio de Seguridad de la provincia para controle el cumplimiento efectivo en la provisión de alimentos para los presos de todas las dependencias policiales como así también garantizar atención odontológica y de salud. A su vez, dispuso cumplimentar con las medidas de higiene y desinfección de los lugares de detención, y exigió proveer elementos de limpieza a las personas alojadas en estos establecimientos.
El Defensor General de Santa Fe, Gabriel Ganón, indicó a Rosario3.com que “el cupo de detenidos en las comisarías de Rosario fue establecido por los estándares internacionales, donde se determina la cantidad de personas privadas de su libertad en cada establecimiento en función de la cantidad de metros cuadrados”. “Hay dependencias que no deben tener ningún preso y lo tienen, y otras que deben contar con un número menor al existente”, agregó.
“El Ministerio de Seguridad se comprometió a finalizar obras para reducir el número de internos dentro de comisarías y se puso como fecha límite el 6 de agosto. Una es la Alcaidía en Circunvalación y 27 de Febrero y la otra en el límite de Rosario con Pérez”, detalló el Defensor General de la provincia.
Cabe recordar que en octubre se efectivizó el traspaso de la Alcaidía de Rosario a la órbita del Servicio Penitenciario. Desde ese momento, según apuntó Ganón, se bajó de 1.300 detenidos en comisarías a 500. “Ahora hay que llegar a 230”, recordó.
Antes de la presentación judicial los defensores públicos realizaron inspeccione. en todas las dependencias policiales y constataron falencias de infraestructura y altos niveles de hacinamiento.
