Alberto Nisman, el fiscal a cargo de la causa Amia, que el miércoles pasado denunció a la presidenta Cristina Kirchner y este lunes iba a dar un informe con las pruebas con las que decía contar sobre el tema en el Congreso, fue encontrado muerto en su departamento de Puerto Madero.
El cuerpo fue hallado en el baño. Hoy debía presentar ante el Congreso las pruebas sobre el presunto pacto oficial para exonerar a los iraníes acusados del ataque a la Amia, por el que denunció a Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timermann, el diputado Andrés Larroque y el ex funcionario Luis D’Elía. Parte de la documentación que iba a entregar fue hallada sobre su escritorio.
Desde el gobierno hablan de un "posible suicidio" y este lunes a la madrugada hubo un fuerte operativo en el edificio donde vivía, encabezado por el secretario de Seguridad de la Nacón, Sergio Berni. La fiscal a cargo de la investigación de la muerte de Nisman, Viviana Fein, confirmó que en el departamento fue hallado un arma calibre 22 y que el cuerpo lo encontró la madre. Lo que trascendió, pero la funcionaria judicial se negó a confirmar a la espera de los resultados de la autopsia, es que el cuerpo tenía un disparo en la cabeza. El Ministerio de Seguridad informó además que en el lugar había un casquillo de bala.
El gobierno, a través del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que trabajará por el “total esclarecimiento de este doloroso hecho”. Desde la oposición, en tanto, pidieron que se cuide al equipo de Nisman y la investigación que había llevade adelante. En las redes sociaes no se hablaba de otro tema y los medios de todo el mundo se hicieron eco de la noticia.
Alberto Nisman vivía en la torre Le Parc del barrio Puerto Madero. El fiscal había acusado a Cristina y dirigentes de su entorno de idear un plan para "fabricar la inocencia" de los iraníes acusados por el atentado que dejó 85 muertos en 1994 y así obtener acuerdos comerciales que incluyeran el intercambio de granos y carne por energía.
La idea es que el acuerdo con Irán en torno al tema garantizara impunidad a los implicados de ese país en el ataque a la Amia, algo que fue calificado como ridículo desde el gobierno.
