Rosario tiene más de cien barrios irregulares, donde los servicios básicos no están garantizados. La cifra fue confirmada por el diputado Roy López Molina en base a los relevamientos realizados previos a la entrega de parte de la Nación de los denominados certificados de domicilio a familias que habitan en barrios populares. En tanto, a nivel provincial la cifra asciende a 333, siendo Santa Fe la segunda provincia en el país en ese sentido.

El legislador provincial de Cambiemos se refirió en el programa de Roberto Caferra (Radiópolis, Radio 2) celebró la implementación de los certificados que, según explicó, les dará visibilidad a las personas que habitan los márgenes urbanos en el país y consideró la posibilidad es un primer paso hacia la adquisición de otros derechos que por ahora son inaccesibles para esta población.

“A partir de un relevamiento impulsado por la Nación y, gracias al trabajo en conjunto con organizaciones sociales y civiles, se pudo conocer cuál es la realidad que atraviesa la provincia en esta materia. Esto significará una mejora importante en las condiciones de vida de los vecinos de las zonas que más lo necesitan”, ratificó.

En este marco, confirmó que 333 están en Santa Fe, la segunda provincia en el país en este sentido.

“En Santa Fe hay 333 barrios populares que no tienen todos los servicios como corresponde y, hasta el momento, tampoco había un registro de cuántos asentamientos existían en la Argentina, cuántas personas viven en ellos ni con qué servicios básicos cuentan o a qué programas sociales acceden. Necesitábamos saber dónde estábamos parados para caminar con pasos seguros, nuestro gran desafío es seguir trabajando pensando en el largo plazo”, aseguró el legislador de Cambiemos.

López Molina precisó, en tanto, que en Rosario fueron contados más de cien barrios irregulares. “Después de relevar todos los barrios del país, si sumás las superficies de todas las villas queda una superficie más grande que la Cuidad Autónoma de Buenos Aires”, advirtió.

La identificación se hizo posible desde el Estado nacional a través de Anses, con la coordinación de Jefatura de Gabinete y la participación de cinco organizaciones sociales: Cáritas, Techo, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Los relevadores que recorrieron los barrios fueron vecinos de esos mismos lugares con una capacitación previa.

El certificado será emitido por la Anses y permitirá tramitar Cuit, Cuil, realizar peticiones ante los organismos públicos y solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas. Además, se creará un registro de los barrios que se encuentren en pleno proceso de integración urbana. “No es un certificado de propiedad pero sí el primer paso para darle existencia a esa gente que cuando va a pedir trabajo o un servicio no puede dar la dirección porque no existe la calle. Son invisibles, tienen que dar el domicilio de un familiar”, destacó.

López Molina consideró que es una forma de integrar a la población y avanzar en la urbanización: “Vamos a hacer lo mismo con villa Banana lo que se logró con villa La Lata. Vamos a abrir las calles, a llevar servicios porque allí, en esos barrios, no entra el patrullero, ni la ambulancia ni el taxi lo que significa estar excluido de todo”, concluyó.

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