La Municipalidad de Rosario participó este año de 117 operativos por amenazas de bombas en escuelas y más del 70 por ciento se concentran en el centro. El dato, que se puede ver con toda su dimensión en el mapa interactivo de Rosario3.com, refleja una doble preocupación para las autoridades. Por un lado, la cantidad que sigue en aumento y genera un costo de unos 50 mil pesos por despliegue y, por el otro, la sospecha de que esa concentración geográfica tiene como objetivo "alterar el clima de la ciudad".
Sólo 35 de los 117 llamados al 911 que se tradujeron en operativos de los que participaron agentes municipales se ubican en el resto de los cincos distritos (norte, noroeste, oeste, sur y sudoeste).
Ese número corresponde al registro oficial del municipio desde principios de este año hasta el inicio de este mes. La provincia y el 911 tienen una cifra aún mayor, ya que no siempre se incluyen móviles y agentes de la Dirección de Tránsito, la Defensa Civil o la Guardia Urbana Municipal (GUM). Son más de 150 los casos en la ciudad que trabajaron Policía y Bomberos.
El fiscal Gustavo Ponce Asahad y el director provincial de Investigación Criminal, Darío Chávez, reconocieron este miércoles que evalúan la posibilidad de una “organización” detrás de la saga de llamados. Por “la concentración geográfica en el centro que complica el tránsito con los cortes de calle y altera el clima social” y “llama la atención”, como dijo Chávez. Pero también por el origen de las amenazas.
Ponce Asahad informó que más de 20 llamadas fueron identificadas (una ocurrió el martes en el caso de una alumna del Verbo Encarnado) y los peritos cruzan números porque algunos no son de Rosario y “provienen con el prefijo 011 de Buenos Aires”.
“No descartamos ninguna hipótesis”, añadió el fiscal. Sean “travesuras” de menores de edad o mayores con alguna intencionalidad la acusación es por “intimidación pública” que tiene penas de 2 a 6 años.
Además, las autoridades destacaron que se iniciarán demandas civiles para que los responsables o los padres se hagan cargo del costo de los despliegues. De hecho, la Municipalidad avisó que se presentará como querellante cuando las causas estén constituidas.
50 mil pesos por llamado
Cada una de las falsas amenazas obligan a realizar un despliegue que no puede evitarse. No se trata solo de la Brigada de Explosivos de la Policía, también implica a bomberos y personal municipal.
Según señalaron fuentes oficiales a Rosario3.com, a la provincia le cuesta entre 40 mil y 50 mil pesos en horas hombre y movilidad por incidencia, depende del caso. Eso incluye afectar a: 14 agentes policiales, dos móviles, dos o tres motos, el vehículo de Bomberos y de la Brigada de Explosivos. Se estiman que son dos horas por operativo y a eso se le suman los gastos de combustible y desgaste de vehículos.
Desde el 911, informaron que acude al lugar el patrullero que está más cerca. Este martes -que fue uno de los picos- hubo 30 amenazas y por lo tanto 30 patrulleros salieron de cuadrilla de seguridad.
Desde la Municipalidad añadieron para este informe que la inversión local es de 7 mil pesos ante cada alerta, entre los agentes de Tránsito, de Defensa Civil y Guardia Urbana Municipal (GUM).
El cálculo no incluye los daños económicos a comerciantes, más difíciles de precisar, ni la pérdida de esos efectivos que son recursos de calle y deben abandonar su trabajo habitual en la cuadrícula. Eso genera un problema para cubrir el patrullaje u otros servicios.