“La voracidad de los Iborra por no tener una sola farmacia”. La jueza Alejandra Rodenas consideró que ese fue el motivo que llevó a José Antonio Iborra, de 66 años, y a su hijo Juan Pablo, de 39, a orquestar una serie de hechos violentos contra personas ligadas al negocio farmacéutico. Ambos fueron procesados como ideólogos de ataques en los que mediaron sicarios contratados por ellos, en los que no faltaron tiros, corridas y amenazas.
En diálogo con el periodista Roberto Caferra en Radiópolis (Radio 2), la magistrada confirmó que dictó el procesamiento de ambos como autores ideológicos del ataque intimidatorio contra la casa de la jefa de inspectores de farmacias de Rosario, Patricia Kleinlein; por el atentado a tiros el 7 de septiembre de 2012 contra Alberto Tortajada, abogado de Celia Lingua quien estaba inscripta como propietaria de la farmacia de San Juan 1784 y por el ataque perpetuado el 5 de febrero de 2013 contra el médico y titular de Farmavip, Omar Ulloa que además, terminó con la muerte del policía Carlos Dolce, quien trató de frenar a los delincuentes que participaron del hecho: Pablo Andrés Peralta y Hernán Matías Núñez.
También fueron acusados de ser autores ideológicos de la balacera contra la casa de Ulloa el 8 de enero de 2013, en tanto que fueron procesados por organizar una agresión contra un farmacéutico con un arma blanca, el 29 de enero de 2013 frente a su comercio. Finalmente, Iborra padre fue procesado por amenazas coactivas por teléfono contra Norberto Herbas, ex presidente del Colegio de Farmacéuticos y por mandar mails intimidatorios al gerente de un laboratorio transnacional .
“Pudimos constatar que estas dos personas usaban medios no ortodoxos para instalarse y obtener por parte de organismos oficiales permisos para funcionar en determinados lugares”, señaló Rodenas, quien destacó: “Hubo una voracidad de parte de los Iborra en no tener una sola farmacia”. Por otra parte, consideró que “por el momento no hay otras personas involucradas” y recordó que los procesados están detenidos desde agosto de 2012.
La magistrada destacó la participación de la inspectora Patricia Kleinlein. quien sufrió un balazo de calibre 22 en la puerta de su domicilio cerca de Tribunales, con un mensaje: "Decile a Analía B. que deje de hacer inspecciones mala leche. La próxima te vacío el cargador". Lo que había ocurrido es que esa inspectora había informado que una de las farmacias de Iborra estaba cerrada cuando debía estar de turno. “Su denuncia fue la punta del iceberg, luego los hechos se fueron desencadenando”, advirtió.
Rodenas contó que cada uno de los hechos cometidos por padre e hijo estaban “desperdigados por varios juzgados, lo que hicimos con la fiscal Marull fue juntarlos, fue un gran trabajo”, remarcó. A partir de la investigación, se pudo establecer que había conexión entre los delitos, en el modus operandis y la participación de los mismos sicarios. “Fueron hechos de sangre violentos y terribles”, calificó la jueza.
Por último explicó que la ley permite que los dos procesados cumplan prisión domiciliaria. “Iborra padre sufre una enfermedad terminal que le impide ser trasladado y a su hijo se le ha aprobado un desorden psiquiátrico y está internado en una institución”, precisó.
Alejandra Rodenas (Radio 2)
