La Justicia Federal detuvo a uno de los responsables de Punta Stage, el sitio donde se desarrolló la fiesta electrónica que terminó con dos muertos en Año Nuevo. Fue indagado este miércoles por el juez Carlos Vera Barros y seguirá detenido hasta que se resuelva su situación procesal.
Es la tercera medida que ordena el titular del juzgado federal 3 local, quien hizo lugar a uno de los requerimientos del titular de la Fiscalía Nº 2 de Rosario, Mario Gambacorta. Antes del encargado del boliche, habían sido detenidos los organizadores y titulares de la productora Live Art. En cambio, continúa prófugo el dueño de Yameli SRL, la firma que administra Punta Stage.
La Justicia federal cree que hubo una maniobra conjunta entre privados y públicos. Estima que los dueños de la productora y los dos responsables del predio Punta Stage crearon "el marco propicio que facilitó la comercialización y el uso de sustancias estupefacientes (especialmente de estimulantes de tipo anfetamínico y otras drogas sintéticas incluidas en el Decreto 772/15) por parte de distintas personas aún no identificadas en el evento denominado ‘Sasha New Years Eve Party’”.
Así, los responsables de Live Art Producciones organizaron el evento, mientras que el encargado y gerente general o representante legal del Complejo “Punta Stage” brindaron el espacio físico para la realización del mismo, sin adoptar las medidas y controles necesarios para evitar la entrada de más personas que las permitidas ni el ingreso de sustancias estupefacientes.
Quien resultó detenido en las últimas horas y fue indagado es uno de estos dos últimos. El otro permanece prófugo.
Este nuevo procedimiento se sumó a las dos detenciones previas de Alan Van Broock y Gino Piazzese, ambos de la productora Live Art. Uno fue capturado la semana pasada y el otro se entregó durante Semana Santa.
Según explicó el periodista Hernán Funes en el programa La Primera de la Tarde (Radio 2), hubo un cambio en la postura del juez.
Primero, ante el pedido de indagatoria de Gambacorta (que involucraba además al jefe de la Comisaría 27ª, a un inspector municipal y al intendente de Arroyo Seco) resolvió sobre los responsables del predio: “No surge de manera concreta la existencia de pruebas de cargo suficientes para vincular a los nombrados con los hechos descriptos por la fiscalía”. Ahora, en cambio, en base a nueva evidencia ordenó la detención.
Respecto de los funcionarios públicos, Vera Barros envió actuaciones al MPA provincial, aunque el fiscal apeló.
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