Este jueves, en la ciudad de Santa Fe, imputaron a cuatro personas investigadas por agredir a manifestantes a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. La fiscal Mariela Jiménez les atribuyó los delitos de lesiones leves, agresión con arma y amenazas, todos agravados por tratarse de un hecho discriminatorio. Dos imputados son hombres y dos son mujeres. Hay otras dos personas más que también habrían cometido los ilícitos, pero aun no pudieron ser identificadas.
Según detalló el Ministerio Público de la Acusación (MPA), cuatro personas fueron imputadas en el marco de una investigación que dirige la fiscal Mariela Jiménez por las agresiones cometidas contra un grupo de jóvenes que se manifestaban, el pasado martes 7 de agosto, a favor del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Los imputados son dos hombres, de 47 y 49 años, y dos mujeres, de 54 y 26. Además, hay otras dos personas que también habrían cometido los ilícitos, pero aún no fueron identificadas.
Los dos hombres y la mujer menor fueron imputados como autores de los delitos de lesiones leves, agresión con arma y amenazas, todo en concurso real y agravado por tratarse de un hecho discriminatorio conforme lo establece la ley 23.592.
Por su parte, la mujer mayor fue imputada como partícipe secundaria de los delitos de lesiones leves, agresión con arma y amenazas y autora de encubrimiento agravado, todo en concurso real y agravado por tratarse de un hecho discriminatorio.
Los hechos
Los ilícitos que investiga la fiscal Jiménez fueron cometidos alrededor de las 18 del martes 7 de agosto en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Santa Fe, en pleno debate nacional por la legalización del aborto.
En las audiencias llevadas a cabo este jueves, la fiscal del MPA detalló que “los imputados agredieron a los manifestantes mediante golpes de puño y mordidas, ocasionándole lesiones leves a una de las víctimas”. También detalló que “esgrimieron baristones en forma amenazante, tomaron de los cabellos a una de las personas que estaban en la plaza y también les dijeron frases intimidatorias con el objetivo de amedrentarlos”.
Jiménez explicó que “los ilícitos cometidos alentaron el odio contra el grupo de personas que estaban manifestándose en un espacio público –entre las que había menores de edad–, por lo cual debe enmarcarse en la ley 23.592 de actos discriminatorios”.
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