La Justicia otorgó la “libertad restringida” para dos policías que participaron del crimen de Jonatan Herrera y sentenciados en abril pasado. María Elena, la mamá del joven que murió baleado en la vereda de su casa mientras lavaba su auto en enero de 2015, lamentó el escaso tiempo que los agentes estuvieron tras las rejas.
“La vida de mi hijo vale dos años y seis meses. No vale nada. ¿Qué clase de justicia tenemos en estos momentos?”, señaló.
A Ramiro Rosales le denegaron el pedido de “salida transitoria para hacer un curso de capacitación laboral que sabemos que es una excusa para salir y andar por la calle”, como lo planteó la mujer en la previa a la audiencia.
“Rodríguez y Sosa -los otros agentes condenados- pidieron ya la excarcelación y quedar en libertad porque no está la sentencia firme y han cumplido dos cuartas parte de la prisión”, continuó María Elena.
Desde la Multisectorial contra la violencia institucional repudiaron en primer lugar el “oscurantismo judicial” por impedir el ingreso a la sesión, que debería ser “abierta y pública”.
“Los jueces resolvieron rechazar por unanimidad el pedido de Rosales de salidas semanales y con voto dividido otorgar la libertad restringida a los policías Sosa y Rodríguez”, señaló el comunicado de la Multisectorial, tras conocerse el veredicto.
Para ese grupo integrado por organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y familiares de víctimas, entre otros, “los jueces consintieron una excepcionalidad a la regla que no utilizan en delitos comunes”.
“En la provincia de Santa Fe la Policía mata, altera el escenario de los hechos y se investiga a si misma. El Ministerio Público Fiscal lo tolera y los jueces lo consienten”, señalaron. Lo compararon con el "pacto de silencio" entre policías que existe en la causa por la persecución que terminó con dos jóvenes muertos, como denunció el propio fiscal Adrián Spelta.
Además, reclamaron que los agentes condenados “cumplan efectivamente las penas recibidas”.
En el juicio, Ramiro Rosales, agente de las PAT de 26 años, fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión e inhabilitación por homicidio culposo. Luis Sosa (de 23 años y policía de las PAT) y Jonatan Alejandro Gálvez (agente de la PAT de 22 años) la pena fue de 3 años y 8 meses por abuso de arma. Francisco Rodríguez (efectivo de la PAT de 21 años) fue condenado a 3 años de prisión por el mismo delito que los anteriores. La querella había pedido penas muy superiores en todos los casos.
El texto de la Multisectorial
