Los cinco agentes de Asuntos Internos detenidos por orden de la Justicia Federal en el marco de la causa donde se investiga la muerte de Franco Casco quedaron en libertad. Se suma una mujer policía que deberá pagar una caución de 100 mil pesos. 

A pesar del pedido de la querella, La Cámara de Apelaciones del Tribunal Federal conformado por Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Jorge Gallino, decidió hacer lugar a los recursos interpuestos por los defensores de Aníbal Candia, Sergio Pieroni, Carlos Ríos, Pablo Siscaro y Daniel Escobar contra las resoluciones que denegaron sus excarcelaciones y contra la imposición de prisión preventiva.

De esta forma, ordenó la "inmediata libertad" bajo caución juratoria. Ésto último significa que deberán presentarse ante la justicia siempre que sean llamados, fijar domicilio, del que no podrán ausentarse sin conocimiento y autorización del mismo.

Los recursos fueron interpuestos por los abogados José Alcacer –por Pablo Siscaro y Aníbal Candia–; Carlos Varela y Adrián Martínez –por Carlos Ríos–; Paul Krupnik por –Sergio Pieroni y Daniel Escobar–. Los agentes estaban sospechados de encubrimiento agravado.

A la medida del tribunal de apelación se sumó otra orden: la inmediata libertad de Rocío Guadalupe Hernández bajo caución de 100 mil pesos, prohibición de salir del país y la obligación de presentarse mensualmente en la comisaría de la jurisdicción de su domicilio. 

Hernández fue procesada por el juez Carlos Vera Barros como coautora de desaparición forzada de personas agravada por la muerte.

En tanto, rechazó las apelaciones del resto de los policías involucrados en la desaparición y posterior muerte del joven que fue encontrado muerto en el río Paraná tras haber llegado a la ciudad de visita desde Florencio Varela. 

El martes que pasó, los abogados de la querella que representan al hijo y la hermana de Franco Casco pidieron a la Cámara Federal de Apelaciones que confirme los procesamientos contra 30 policías y les dicte prisiones preventivas al menos hasta que el juicio por desaparición forzada seguida de muerte se realice. Argumentaron que quedó "evidenciado el pacto de silencio existente” entre los agentes.