La diputada nacional de la Coalición Cívica, Elisa Carrio, anticipó que “si es cierta" la resolución de la Anses por la que se modifica el cálculo de la movilidad jubilatoria pedirá la renuncia de "(el titular de la Anses, Emilio) Basavilbaso o de quien corresponda". Al mismo tiempo, en su cuenta oficial de Twitter también se refirió con contundencia a esta cuestión: “Que se queden tranquilos los jubilados. Vamos a dar pelea”, escribió.

“La torpeza y la ineficiencia no pueden tener justificación”, estableció luego la diputada aliada con Cambiemos en la red social.

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"Si es cierto lo que dice la oposición, que quede planteada una cuestión de privilegio en contra del Ejecutivo nacional por haber modificado la ley, y me comprometo y nos comprometemos a que impere la actual ley de actualización [de haberes jubilatorios]", sentenció Carrió desde su banca en Diputados.

Apenas terminó la sesión, subió más el tono: "Si no me bajan la resolución pido la renuncia a Basavilbaso [Emilio, titular de la Anses] o a quien sea".

"Aprendan la regla de la ética", dijo, parada y a los gritos en el pasillo, y remató: "¡Se van a la reputa que los parió!".

El tema de la resolución del organismo previsional estuvo a punto de hacer fracasar la sesión en la que se estaba por aprobar la modificación al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Por otra parte, la mesa nacional de la Coalición Cívica-ARI, que lidera Elisa Carrió, emitió un comunicado oficial expresando su postura respecto del polémico acuerdo entre el Ejecutivo nacional y el Correo Argentino.

El comunicado por el Correo

La Mesa Nacional y el Bloque de Diputados Nacionales de la Coalición Cívica ARI afirmaron hoy que sus equipos técnicos están analizando el acuerdo realizado por el Correo con el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de las causas derivadas de las mal llamadas estatizaciones impulsadas por los gobiernos K.

“Estamos frente a un conflicto de causas cruzadas, por un lado la dilación de la resolución del acuerdo benefició al Correo Argentino en la licuación de su deuda, así como el proceso de supuesta nacionalización por parte del kirchnerismo, provocó acciones contra el Estado que aún no están resueltas”, sostiene la CC ARI.

“Es un tema que implica otros casos y otras causas en trámite referidas a estatizaciones que son consecuencias del patrimonialismo corrupto instalado por los gobiernos de los Kirchner, los que llevaron adelante procesos llamados de nacionalización realizados en forma irregular y que en doce años no fueron resueltos", afirmó la CC ARI.

La Coalición explicó que “Donde había empresas vaciadas, en quiebra o en concurso salvadas por el kirchnerismo bajo el título de nacionalismo y en nombre de la Patria se llevaron adelante procesos que denominaron estatizaciones y que nosotros llamamos patrimonialismo corrupto, como fue planteado por Elisa Carrió en los casos de Arsat, Enarsa, Aysa e YPF”

“Cuando ae terminen de analizar todas las causas, se pedirá una reunión con el Procurador del Tesoro de la Nación en donde se tramitan todos los procesos de estatización, siendo el más encandaloso el de YPF, se hará un dictamen completo que incluirá el Grupo de Franco Macri”, detalló la Coalición Cívica ARI.

En el debate de la estatización de AYSA que se desarrolló en la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada Carrió adelantó cuál era el problema que el estado iba a afrontar años después. Dijo el 4 de abril de 2006 en el Recinto: “Queda claro que el Poder Ejecutivo Nacional está creando una dudosa estructura jurídica que ahora, al menos, genera confusión: vacíos legales, figuras jurídicas de dudosa validez tanto en el derecho privado como en el constitucional. En unos años veremos cómo se resolverán los conflictos que surgirán de su implementación”.

En el año 2006 Elisa Carrió escribió el documento La nueva matriz de saqueo donde advirtió sobre el futuro de la supuestas nacionalización de empresas. Dijo “Estamos ante la presencia de una matriz que bajo la apariencia estatizante realiza privatizaciones encubiertas sin reglas y sin licitaciones, decididas discrecionalmente por un Ministro, administrador y articulador de los negocios públicos y privados con ciertos grupos económicos. Es un sistema patrimonialista y corrupto, hacia el interior del poder, con la complicidad de algunos empresarios argentinos”.