Un solo sobre fue abierto en la apertura de las ofertas para explotar el corredor vial entre Rosario y Santa Fe. La propuesta no sólo es única sino que también es polémica: se trata de la misma unión de empresas que fue adjudicataria de forma directa por el gobierno provincial cuando salió Aufe, en 2010. En tanto, el viernes pasado Rosario3.com dio a conocer el decreto de Miguel Lifschitz que ordena revisar el convenio de su ministro José Garibay que habilitó la salida del negocio de la empresa Arssa y la liberó de su obligación de repavimentar el corredor.
En A Diario (Radio 2) confirmaron que la unión transitoria de empresas (UTE) Super Cemento SA y Edeca SA es la única oferente que se presentó en la licitación. La apertura de sobres tuvo lugar este martes en la sede del Ministerio de Infraestructura y Transporte, sin la presencia de su titular, José Garibay.
El acto fue encabezado por la secretaria de Coordinación Técnica, Teresa Beren, quien informó: “Hemos recibido una sola oferta”. Según explicó una comisión evaluadora analizará que la UTE reúna los requisitos exigidos por la licitación y luego de 120 días se esperar la oferta económica.
Consultada acerca de que las empresas oferentes son aquellas que fueron contratadas de forma directa por el gobierno de Hermes Binner cuando salió la entonces concesionaria Aufe, respondió: “No es un mal antecedente, desconozco lo que pasó en 2010”.
El sábado pasado, Lifschitz ordenó por decreto 1.017 revisar el convenio de extinción por mutuo acuerdo celebrado en diciembre último por el Ministerio de Infraestructura y Transporte y la firma Arssa, concesionaria de la autopista Santa Fe- Rosario. Al ministerio se le encomienda llevar adelante en un plazo de 180 días “la implementación de un procedimiento definitivo de análisis y determinación de la responsabilidad que le puede caber a las partes (o, incluso a terceros) en la frustración” del contrato.
También dispone “la intervención de especialistas o la realización de auditorías que conduzcan a determinar fehacientemente la causal de responsabilidad en la rescisión, así como los eventuales créditos y deudas recíprocos derivados de la extinción del referido contrato de concesión, debiéndose adoptar las medidas conducentes para mantener las garantías actualizadas a los fines de resguardar el resultado del mismo”.
Por el decreto 5.194 del pasado 30 de diciembre, el gobernador Lifschitz ratificó el convenio para la extinción por mutuo acuerdo del contrato de concesión firmado por Garibay y Arssa, el cual fue fuertemente cuestionado por la oposición. El decreto aún no había sido convalidado por el Tribunal de Cuentas que incluso pidió mayor información al propio Ministerio de Infraestructura aunque no se expidió al respecto.
En tanto, el propio oficialismo en la Cámara de Diputados se opuso a continuar con la concesión privada de la autopista e incluso recomendaron que sea el propio Estado el que encabece la concesión.
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