Este miércoles el fiscal general, Jorge Baclini, los cinco fiscales regionales y once fiscales de toda la provincia se reunieron con el gobernador, Miguel Lifschitz para manifestarle su preocupación por la ley que aprobó la Legislatura a fines de noviembre y que deja en mano de diputados y senadores la potestad exclusiva de investigar, acusar y remover a todos los fiscales y defensores, sin intervención de la Auditoría General de Gestión. Piden que la vete.
Antes y después de la sanción de la normativa, fiscales y defensores advirtieron contra el texto al entender que podría condicionar sus investigaciones. Sobre esto mismo insistió este jueves Baclini en contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2.
“Para quien ejerce el trabajo (de fiscal o defensor), la persecución penal directa permite que otro poder se entrometa en su tarea diaria”, llamó la atención y enfatizó: “La sola posibilidad de que lo lleven a un proceso político va a condicionar muchas investigaciones”.
En tal sentido, el titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA) defendió el rol de la Auditoría General de Gestión del MPA que desde abril ocupa María Cecilia Vranicich y destacó que el sistema, a diferencia de lo que ocurría con el anterior, es totalmente transparente: “Todo lo que ocurre se sabe”.
También defendió la idoneidad de los fiscales: “La mayor cantidad de los fiscales están a muy buen nivel”.
