En junio, casi uno de cada tres rosarinos recibió asistencia para procurarse su comida diaria. Exactamente, fueron 330.061 las personas alcanzadas por los programas que lleva adelante el Banco de Alimentos de Rosario (BAR), entidad que coordina localmente diversas políticas de ayuda en la materia. Un total de 1.370 organizaciones sociales componen la red que permite a la ciudad mitigar los efectos de una situación que se agrava por el galopante incremento de precios, con una canasta básica que subió entre 22% y 24,6% en lo que va del año.
El BAR no es la única institución que trabaja para paliar el flagelo del hambre, pero por el alcance de sus iniciativas -tanto público privadas como 100% privadas- es la que tiene una cobertura más universal, según el relevamiento realizado por Rosario3 para este artículo. Por ejemplo, la tarjeta Alimentar, que distribuye el gobierno nacional, alcanza a 54.824 mujeres y 4.615 hombres en todo el departamento Rosario, según se informa oficialmente.
De todos, el Plan de Fortalecimiento Alimentario (PFA) es el más abarcativo. Se trata de un proyecto financiado por el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, que durante junio alcanzó a 260.613 personas. A esta cifra deben agregarse otras 69.448, asistidas a través de los programas habituales de la asociación civil nacida hace poco más de una década.
El PFA comenzó a implementarse este año y es una continuidad de otro, Contagiemos Solidaridad, realizado de marzo a diciembre de 2020. Desde el BAR se informó que con ese programa -que extendía los límites de la ciudad de Rosario- se asistió a 394.161 personas a través de 1.634 organizaciones. El año pasado se entregaron 5.462.329 kilos de alimentos.
El plan está pensado para extenderse durante un total de seis rondas mensuales. La de junio fue la tercera e incluyó la distribución de 296.052 kilos de comida a 1.090 organizaciones sociales. El 68% de las entidades asisten hasta 500 personas cada una, un 28% alcanza entre 500 y 1.000 ciudadanos y el restante 4% lo hace por encima de esa cifra.
Tal como puede apreciarse en el mapa a continuación, la red de entidades intermedias abarca prácticamente todos los barrios de la ciudad. Entre el tipo de instituciones que más se repiten se encuentran comedores, centros comunitarios, iglesias/parroquias, merenderos y clubes.
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Según la información provista por el BAR y la Municipalidad de Rosario, el 37% de las organizaciones sirve las comidas en su propio establecimiento, en tanto que el 47% utilizan la modalidad de viandas (cocinan y las personas van con su tupper o recipiente y se llevan la comida a su casa) y el 16% entrega bolsones.
En relación a las 260.613 personas asistidas en el marco del Plan de Fortalecimiento Alimentario, se indicó que el 51% fueron mujeres. Respecto a las edades, el 40% fueron niños y niñas de 3 a 12 años, 16% adolescentes, 37% adultos y 7% mayores de 70 años.
Consultado por Rosario3, el presidente del BAR Fernando Cáceres indicó que la población alcanzada varía de tanto en tanto: “Es bastante cíclico”, indicó, al tiempo que detalló que “durante el año pasado, cuando estaba todo cerrado, había muchas organizaciones que necesitaron alimento, una demanda que bajó a medida que se fueron abriendo actividades”.
La entidad se sustenta con un esquema de donaciones y ejecuta un modelo de gestión mediante el cual recupera alimentos que se encuentran fuera del circuito comercial pero que son aptos para consumo. Una de estas instancias sucede a través del programa municipal Recupebar -en asociación con el Mercado de Productores de Rosario-, que esta semana fue puesto en agenda cuando el intendente Pablo Javkin firmó su renovación anual.
Si bien goza de un importante prestigio, el accionar del BAR y la Municipalidad es objetado desde algunos sectores. Melisa Molina, responsable del Polo Obrero de Rosario, publicó una solicitada en la que denunció que a través del citado programa Recupebar estaban llegando alimentos podridos a comedores de Nuevo Alberdi y Parque Casas.
Desde el Palacio de los Leones explicaron que además de las mencionadas políticas, llevan adelante otras dos en lo que refiere a asistencia alimentaria. Por un lado, el llamado Programa de Refuerzo Institucional, que consiste en un apoyo económico directo a 584 espacios comunitarios (comedores y merenderos). Por otro, la entrega de módulos alimentarios a través de los Centros de Convivencia Barrial. Entre ambas demandan una inversión mensual superior a los $20 millones.
Todo esto se da en un contexto de aumento generalizado de precios. Según mediciones de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac), la canasta básica aumentó entre un 22% y 24,6% en el primer semestre, cifra que trepa al 30% si se considera solamente la variación de los alimentos. El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), por su parte, informó que durante junio un a familia necesitó $37.646 para no caer en la indigencia, marcando un acumulado para su Índice de Precios de Supermercados del 27,5%.
