La causa de juego clandestino originada en la Agencia de Criminalidad Organizada (MPA) de Rosario y que tiene en vilo a la Justicia y la política desde mediados de 2020 sumó un nuevo capítulo este martes: fue por la trascendencia de un preacuerdo del empresario del juego Leonardo Peiti para un juicio abreviado en el que un Tribunal podría condenarlo y aceptarlo como colaborador.
El escrito, firmado por Peiti junto a sus abogados del Estudio Rossini y los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery -junto a los de otras jurisdicciones-, tiene carácter confidencial. Sin embargo, la versión corrió con fuerza en las últimas horas, ya que podría llevar a robustecer la teoría de la Fiscalía del despliegue de maniobras de corrupción institucional e implicar a referentes del Senado provincial.
A cambio, según información de Telenoche (El Tres), el empresario con licencias en Formosa, Misiones y Paraguay, podría estar cerca del desenlace de todas sus causas por juego ilegal en toda la provincia de Santa Fe y no sólo en Rosario -tiene abiertas en Rafaela y Melincué y estaba al borde de la cárcel- y una eventual libertad en un tiempo no muy lejano. Actualmente está en prisión preventiva dictada por la Justicia de Rafaela y la cumple en un establecimiento médico por cuestiones de salud. en ese contexto Peiti firmó este preacuerdo.
El texto de la firma del preacuerdo por parte de Peiti, que tenía carácter de confidencial, se filtró y ese solo hecho pone en peligro la continuidad del mismo.
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El empresario de Fisherton aceptaría la culpabilidad y una pena de cumplimiento efectivo junto al pago de una multa de miles de dólares en parte a cubrir con inmuebles. Sin embargo, el monto de esa pena podría ser reducido a la mitad si es admitido como colaborador. Es decir, la moneda de cambio es un beneficio en su situación procesal -dentro de lo previsto por la ley-. Y allí aparecieron las versiones y el martes caliente: para que eso suceda debe haber un aporte para que los investigadores profundicen sobre los eslabones superiores de la estructura, por ejemplo de la protección política y judicial.
Cuando Peiti declaró sobre los ex fiscales Serjal y Ponce Asahad confesó el pago de coimas y terminaron presos. El propio Ponce después de negar los hechos declaró dos veces y complicó al senador provincial Armando Traferri, fue condenado y podría quedar en libertad en un corto plazo (sus abogados ya la solicitaron). Varias fuentes consultadas confirman que Peiti va por el mismo camino y acorrala la carrera política y la suerte judicial del senador por San Lorenzo.
La última declaración del empresario se produjo bajo un completo hermetismo pero con la presencia de funcionarios de alto rango del Ministerio Público de la Acusación y todos los fiscales de grado que intervienen en causas que lo tienen como imputado.
Más allá de los trascendidos, lo cierto es que le da más solidez aún a la investigación que lideran los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que en varias audiencias expusieron audios y posiciones de antenas que para ellos prueban el trato frecuente y los encuentros del empresario del juego con el legislador, inclusive con alusiones a movimientos de dinero. Se suma a declaraciones de colaboradores y a todas las menciones encontradas en teléfonos de otros imputados, al que siempre aluden como un eslabón superior.
Por eso los funcionarios del MPA pretenden imputar a Traferri como jefe de la organización pero no pueden por los fueros que el Senado rechazó quitar. En la vía judicial, serán evaluados por la Corte Suprema provincial aunque posiblemente no haya novedades hasta fin de año, pasadas las elecciones.
Traferri, en sus descargos públicos desde su banca, rechaza la acusación y sostiene que Peiti lo buscaba para apuntalar negocios legales en la provincia de Santa Fe. De hecho, en la imputación al ex diputado Darío Scataglini quedó involucrado ya no en juego ilegal sino en tráfico de influencias para la instalación de plataformas de juego online mediante licencias oficiales. Eso no funcionó y el Estado provincial finalmente otorgó la explotación a los tres grandes casinos de la provincia.
El senador repite que es víctima de una interna política. Sobre los hechos no se expidió y dejó su defensa técnica en manos del abogado Oscar Romera, que logró posponer la imputativa a la que había sido citado.
En ese contexto, Traferri apunta además como figura tras la causa al ex ministro Marcelo Sain. Justamente en el mismo sentido Serjal, que está en domiciliaria por salud y no declaró en la causa del juego, acusó días atrás en otra investigación de San Lorenzo a los fiscales de tenerlo "de rehén" y que "responden a intereses políticos del ex ministro Sain y mezclan causas". Tiene nuevos abogados y una estrategia más agresiva con Ignacio Carbone, Renzo Biga y Gustavo Feldman, aunque por ahora no aportó más que sus dichos.
Los que sí aportaron pruebas fueron condenados como el ex comisario Alejandro Torrisi y el destituido fiscal Gustavo Ponce Asahad. De lo que pueda pasar con Peiti poco se sabe aún.
El defensor Luis Rossini, que encabeza la defensa del empresario del juego desde el estudio Rossini & Asociados en Cañada De Gómez, confirmó a Rosario3 que "se firmó un preacuerdo que se filtró a la prensa pero que lo único que dice es que es una pena de cumplimiento efectivo en el hipotético caso en que los términos puedan ser homologados. Prestó una declaración y se están siguiendo los pasos procesales", afirmó, y se excusó en la confidencialidad para brindar detalles.
