Los senadores del Frente de Todos decidieron respaldar el proyecto sobre teletrabajo tal como fue aprobado por la cámara de Diputados, sin tomar en cuenta los pedidos de modificaciones que efectuaron la oposición y los empresarios, por lo que la iniciativa se encamina a convertirse en ley.
El anuncio lo hizo el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, del Frente de Todos, en una reunión de ese grupo legislativo en el que se escucharon las objeciones al proyecto.
Éstas llegaron por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), Argencon, la Asociación de Empresarios Nacionales, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
Las entidades empresariales plantearon sus diferencias respecto de algunos artículos del proyecto y advirtieron que así como estaba redactado podría desalentar el teletrabajo en la Argentina.
Sin embargo, cuando terminaron las exposiciones, Lovera dijo que el oficialismo “tiene grandes coincidencias” con algunas de las observaciones, pero que “existen intereses contrapuestos” porque “la pandemia aceleró” la necesidad de una regulación “por el avasallamiento de los trabajadores”.
“Coincidimos en que debemos escuchar a todos y a cada uno de los bloques. Pero es difícil una ley marco que contenga a todos”, señaló. Y puntualizó que el teletrabajo “tiene posibilidades de ampliarse”, aunque advirtió que hay trabajadores “con empleos y salarios importantes” y otros sectores “que están obligados a teletrabajar y que, sin pandemia y sin regulación, deberán hacerlo en condiciones precarias si no fuera por los convenios colectivos que ponen equilibrio”.
El senador oficialista admitió que “si abrimos el debate, no sé si va ser factible que tengamos ley”, tras lo cual consideró que “la media sanción de Diputados estableció pautas protectorias para salvaguardar el trabajo y la salud” de quienes hagan teletrabajo, y que por eso el bloque del Frente de Todos había resuelto “propiciar un dictamen acompañando el proyecto sin modificaciones”.
El impacto entre los senadores opositores que lo escuchaban fue fuerte porque tenían la sensación de que sus colegas del Frente de Todos finalmente iban a acceder a algunos cambios. La decisión de aceptar escuchar a los empresarios, luego de una resistencia inicial, había sido interpretado por los legisladores de Juntos por el Cambio como un indicio de buena voluntad del oficialismo.
Primero intervino Julio Cobos, de Juntos por el Cambio, que dijo que su bancada buscaba “consensuar” modificaciones y que la decisión de no introducir cambios “es una lástima porque es necesario regular de la mejor manera, pero que no constituya un obstáculo” para el teletrabajo.
Su par de Interbloque, Gladys González, insistió en la necesidad de reformar la iniciativa y le dijo a Lovera: “Les entregamos una propuesta para que la trabajemos juntos y ustedes también creen que algunos artículos son mejorables”. Por su parte, Silvia Giacoppo, de Juntos por el Cambio, afirmó que “lamentaba que no podamos mejorar algo después de que todos los sectores coincidieron en los puntos álgidos”.
Esteban Bullrich, del mismo sector de la oposición, dijo que la resolución del oficialismo “es una frustración” porque “esta Cámara debe actuar mejorando los proyectos que recibe, no simplemente aprobando”. Consideró que “no hay comprensión de lo que está pasando y de lo que va a pasar” en la Argentina y que “estamos regulando sobre el pasado y no sobre el futuro”. “Es una mala señal del Senado para la Argentina porque vamos a llevar informalidad a un sector que no la tiene”, advirtió.
“Esta reunión de hoy podría titularse: El consenso que no fue. Fueron días de mucha esperanza porque veíamos cierta apertura por parte del oficialismo de escuchar a quienes se van a ver afectados”, destacó María Belén Tapia, vicepresidenta de la Comisión y del Interbloque opositor. “El proyecto es mejorable -sostuvo-, pero el hecho de que no podamos cambiar una coma ni agregar una frase pone más límites. Es triste que que finjamos que escuchamos y que en la práctica no suceda”.
Antes de este cruce, el primer representante empresarial que había hablado ante los senadores fue Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la UIA, quien destacó que, a partir de la pandemia, entre un 18% y un 20% de empleados del sector industrial están trabajando en forma remota y que se estima que podrían llegar al 30%, por lo que pidió que el teletrabajo “sea en el marco de la ley y que sea registrable”, aunque recordó que la modalidad está siendo regulada, por ejemplo en los servicios tecnológicos, mediante los convenios colectivos de trabajo.
Planteó luego sus críticas a algunos artículos del proyecto, como el que prohíbe al empleador comunicarse con los empleados fuera del horario de trabajo, punto que consideró “impracticable” porque “debería acordarse en el marco de los convenios colectivos”. También objetó el que se refiere a la reversibilidad porque “la relación laboral es de confianza y credibilidad” y la posibilidad de revocar el teletrabajo “debería ser común” tanto para el empleado y como para el trabajador.
“Perdimos 322 mil puestos de trabajo en un año –destacó–. Tenemos que encontrar soluciones que no sean frustrantes, que no favorezcan la informalidad ni la migración laboral”.
Luego fue el turno de Brenda Puig, líder de la Red de Abogados de IDEA, para quien el teletrabajo “es una realidad que ya existía y que funcionaba muy bien”, por lo que sostuvo que el debate sobre su regulación, en la pandemia, “deberá tener visión de futuro” porque “es una herramienta fantástica para generar más y mejor empleo” y por eso llamó a “no regular con institutos de otra realidad”.
Aseguró que en IDEA “coincidimos en el espíritu, pero no en la forma” en que están redactados varios artículos, entre los que mencionó también el de la reversibilidad: “No es razonable que sea unilateral, sin preaviso ni adecuación consensuada ni plazo de adecuación”. Con respecto a los gastos por el teletrabajo, que correrán por cuenta del empleador, Puig dijo estar de acuerdo, pero que “es muy relevante aclarar que la provisión (de herramientas de trabajo) sea no remunerativa”.
“Esta ley nos va a impactar, y puede ser que incentive el teletrabajo para que haya más empleo, pero el peligro es que desaliente su uso y ahí perdemos todos”, concluyó la abogada de IDEA.
Luis Galeazzi, presidente de Argencon, hizo hincapié en que en las empresas del conocimiento, que él representa, trabajan 450 mil personas y que por eso “somos el corazón del teletrabajo”. Afirmó que el sector “exporta por 6 mil millones de dólares en formato de teletrabajo”, por lo que esta modalidad “no es una forma de precarizar sino de armonizar la relación de trabajador y empleador”.
Opinó que “esta ley genera contradicciones que van a entorpecer el teletrabajo justo cuando se necesitan más empleos” y criticó, entre otros artículos, el referido a la reversibilidad: “El INVAP produce reactores nucleares que se exportan a Turquía, Holanda y Australia, y eso implica que hay equipos que viajan de Río Negro a esos países -ejemplificó-. ¿Qué pasa si en Turquía un empleado pide volver a trabajar a Bariloche? Eso debe ser de común acuerdo, no que sea unilateral”.
Galeazzi también cuestionó que el proyecto “discrimine el trabajo extranjero cuando exportamos teletrabajo al mundo porque ese rubro es la tercera fuente de exportación argentina” y con el texto aprobado en Diputados “perderíamos ese mercado si hay represalias comerciales contra el país”.
Tras las coincidencias con estas críticas que expresó Marcela Dávila, del Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba, fue el turno del titular de la Asociación de Empresarios Nacionales, Leonardo Bilanski, quien destacó los graves problemas económicos que atraviesan las pymes, sector donde el 60% utiliza el teletrabajo y al 35% le resulta imposible aplicarlo, según sus estimaciones.
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