La comisión investigadora que creó el Senado provincial la semana pasada para seguir el trabajo de los fiscales, sigue sumando rechazos. Para el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, es directamente “irracional” y advirtió que fiscales y legisladores quedaron en una “encerrona” que más tarde o más temprano, terminará en la Corte Suprema de Justicia. “Los procesos judiciales lo tienen que resolver y tramitar el Poder judicial, ni el Ejecutivo ni el Legislativo puede ni debe inmiscuirse en la actividad de otro Poder”, subrayó en contacto con Radio 2. Mientras tanto, trabaja en un acuerdo de tres puntos de cara a la apertura del año judicial la semana que viene.
Somaglia consideró que la comisión de seguimiento sobre fiscales y defensores públicos que creó el Senado santafesino el jueves pasado en sesión extraordinaria, es una “gran irracionalidad”. “Me parece que es una gran irracionalidad desde el punto de vista legal porque estamos buscándole el pelo al huevo en una situación donde tenemos que, de una vez por todas, tomar decisiones maduras”, abundó, consultado por el programa Radiópolis.
Y advirtió que “esta encerrona en la que se encuentran fiscales y legisladores, va a llegar el momento donde las causas llegarán a la Corte Suprema y será ella la que deberá poner orden a esta situación tan anárquica donde cada uno intenta hacer rebotar la pelota como si fuera un frontón”. “Me parece poco sano para los principios republicanos”, criticó.
“Los procesos judiciales lo tienen que resolver y tramitar el Poder judicial, ni el Ejecutivo ni el Legislativo puede ni debe inmiscuirse en la actividad de otro Poder –aseveró–. Que el Poder Legislativo requiera al Judicial que archive o pretenda ordenar el archivo de causas donde nada menos se están investigando cuestiones tan lesivas al orden público como el juego clandestino o corrupción, me parece que es un muy mal ejemplo”.
Para Somaglia, es tiempo de “decisiones maduras” y buenas señales frente a la sociedad. En tal sentido, destacó el acuerdo que preparan para la semana que viene entre los tres Poderes del Estado, cuando el martes próximo se retome la actividad judicial.
Al compromiso, anticipó, adherirán también las facultades de Derecho más importantes de la provincia y los Colegios de Magistrados y Abogados. Es un acuerdo, explicó, de tres puntos para “reformar el mapa judicial”: buscarán instaurar un fuero contencioso administrativo que reúna todas las causas en las que el Estado esté involucrado, sea como demandante o demandado; dotar de mayores atribuciones a los jueces comunitarios para evitar que quienes deban litigar deben sí o sí trasladarse a las grandes urbes; y ordenar los procesos de intereses difusos en una sola norma.
“Acá no hay competencia exclusiva de un solo Poder, la mejor señal que se puede brindar a la sociedad”, opinó.
