Antes de la protesta realizada por los vecinos de villa La Ribera desde el jueves a la noche y hasta este viernes, que terminó de estallar el ya caótico flujo de camiones en el norte del Gran Rosario por la cosecha gruesa, los protagonistas de sostener ese reclamo elevaron una carta documento al presidente Alberto Fernández y otra al gobernador Omar Perotti. Exigen la concreción de obras adeudadas y la declaración de la emergencia.
El texto recuerda que la Defensoría del Pueblo de Santa Fe acompañó en 2021 el pedido de los ciudadanos afectados por el tránsito pesado sobre la ruta 91 porque se forma un “embudo” vial con miles de camiones por día. Ese organismo demandó al gobierno y a los legisladores que incluyan una partida en el Presupuesto 2022 para realizar las obras pendientes.
“En épocas de cosecha gruesa el caos vehicular multiplica los perjuicios que los pobladores sufren todo el año: i) siniestros viales, con peligros para la vida de conductores y peatones; ii) bloqueos a ingresos de la localidad; iii) daño a la salud y por contaminación ambiental; iv) daño a la calidad de vida. Estos daños son imputables a la negligencia e inacción del Estado”, señala la carta con fecha de este 20 de abril.
Según afirmó Gisela Signorelli a Rosario3, después de los últimos siniestros viales, incluso el choque fatal que dejó dos muertes sobre la ruta 91 cerca de Serodino, los vecinos insisten para que “las máximas autoridades ejecuten las recomendaciones que dictó la Defensoría del Pueblo”. Además de los piquetes realizados en la jornada, analizan “acciones judiciales si no dan respuesta inmediata”.
En la jornada, los camiones no pudieron avanzar y el colapso llegó hasta la autopista Rosario Santa Fe. Los autos cruzaban en contramano y los colectivos que ingresaban a las localidades no podían brindar su servicio con normalidad, entre otros efectos que Rosario3 anticipó en una recorrida por la zona.
Emergencia en Seguridad Vial
Los vecinos recuerdan en sus cartas documentos que las autoridades son responsables “de autorizar la instalación/funcionamiento del polo agroexportador más grande del país -y el segundo del mundo-, omitiendo realizar las obras de infraestructura vial que garantizaran una adecuada logística del transporte de cargas –seguridad y fluidez en la circulación y desvío del tránsito pesado de las zonas afectadas-”.
“Las máximas autoridades del Estado –Nacional y Provincial- y funcionarios públicos de las áreas relacionadas a la problemática tienen el deber de iniciar con urgencia, la ejecución de las obras pendientes”, apuntaron y exigieron tanto al presidente como al gobernador declarar la emergencia en Seguridad Vial en Santa Fe.
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