El diputado nacional rosarino por Santa Fe Gabriel Chumpitaz presentó un proyecto de ley para “prohibir el cobro de asignaciones, subsidios o planes sociales a los destructores del patrimonio público”. La iniciativa se originó en el marco del debate por los últimos destrozos ocasionados en los alrededores del Congreso.

“Dañar el patrimonio público es un delito que tiene una pena de 3 meses a 4 años de prisión; y el que incurra en él un delincuente que no debería ser premiado. El Estado está para hacer cumplir la ley y proteger a los argentinos”, manifestó Chumpitaz en diálogo con el programa El Contestador (Radio 2).

“Llegó la hora de frenar los atropellos, proteger nuestras instituciones e imprimir un marco de rigurosidad inflexible ante lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo legal y lo ilegal”, sostuvo el legislador y especialista en seguridad.

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Además, agregó: “Lo mismo sucede con violadores, asesinos y otros delincuentes. Es un contrasentido que el Estado permanezca otorgando dinero a quienes atentan contra la paz social”.

Chumpitaz recordó que el pasado jueves, los alrededores del Congreso Nacional volvieron a presenciar incidentes violentos entre efectivos de la policía y los manifestantes que provocaron daños a la fachada del parlamento, lanzaron bombas molotov y atacaron las oficinas del Senado.

Al respecto, el diputado de Juntos por el Cambio dijo: “Tienen el derecho constitucional de manifestarse, pero no de agredir, violentar, dañar el mobiliario público e intentar asesinar a los efectivos de la policía, como hicieron al lanzarles bombas molotov. Esas son prácticas delictivas y exigimos que a los protagonistas se les suspenda todo tipo de beneficio social entregado por el Estado de forma inmediata y por el lapso que dure su condena y hagan efectivo el pago de las correspondientes multas”.

Para finalizar Chumpitaz manifestó conocer que encontrará diversas dificultades a la hora de avanzar con su proyecto pero que: “No bajará los brazos ni sucumbirá ante el dedo acusador de algunos sectores kirchneristas que en 2017 alentaban a los violentos y hoy los repudian. La ley no es ley solo cuando me conviene. Hacerla respetar es mi compromiso”.

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Un plan dado de baja

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, informó este miércoles que uno de los detenidos por el ataque al Congreso durante la sesión de la Cámara de Diputados del jueves último por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) era beneficiario del plan Potenciar Trabajo, por lo que ya fue dado de baja.

"La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta" Cristina Fernández, expresó el funcionario a través de su cuenta de Twitter.

Desde esa red social, Zabaleta consignó: "Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de Cristina Fernández era beneficiario de Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018. Ya lo dimos de baja".

En la causa hay hasta el momento ocho personas identificadas como los presuntos responsables del ataque contra el Congreso y el despacho de la vicepresidenta, aunque fuentes judiciales adelantaron que se está intentando identificar a otros agresores.

Uno de los detenidos fue apresado el lunes último en San Isidro e identificado como Jaru Alexander Guerrero Rodríguez, supuestamente vinculado al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

El otro detenido por la justicia porteña es Oscar Santillán, a quien ya le dictaron prisión preventiva luego de una audiencia celebrada el lunes por la mañana.

Esa última detención había sido pedida por exhorto a la Justicia bonaerense por el juez penal y contravencional de Faltas porteño Norberto Circo, quien instruye una causa por "atentando a la autoridad, lesiones y daños contra el patrimonio porteño" a raíz de las agresiones sufridas por policías y los daños a bienes de la ciudad de Buenos Aires.

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