La Fiscalía federal porteña pidió elevar a juicio una causa en la que se investiga a una presunta red de trata dedicada a explotar sexualmente a mujeres que producían contenido pornográfico en línea desde Rosario y Buenos Aires. La causa se conoció en octubre de 2023 con allanamientos a cargo de la Policía Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un domicilio del centro de la ciudad –la sucursal local de Argentina Models– y en hoteles de los barrios porteños de Palermo y San Telmo.
Según la acusación formulada por los fiscales Ramiro González y Alejandra Mángano, la organización habría funcionado al menos desde marzo de 2020 hasta el 13 de septiembre de 2023, con el propósito de captar, trasladar y acoger al menos a cuatro víctimas en situación de vulnerabilidad con la finalidad de explotarlas sexualmente mediante la producción de fotografías y transmisiones en vivo de contenido sexual para comercializarlas vía streaming a través de plataformas de sexcam o webcam.
Los acusadores mencionaron un "sofisticado plan criminal" plagado de eufemismos de tinte engañoso y grandilocuente, que contenía diferentes etapas por las cuales debían transitar las víctimas hasta ser finalmente explotadas.
Según el portal Fiscales, la causa se inició en septiembre de 2021 a raíz de una denuncia realizada por una ONG que explicó en su presentación ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) que había asistido a un grupo de mujeres que solicitaron su ayuda. Las jóvenes manifestaron haber sido víctimas de explotación sexual luego de haber participado como modelos de la empresa Argentina Studios, también mencionada como Rosario Models, MR Studios, Soul y Webcam Group.
A raíz de esto, se pudo identificar a los imputados, los “estudios webcam” y los diferentes hoteles vinculados con las maniobras ilícitas. El 13 de septiembre pasado, la fiscalía federal porteña y la PROTEX solicitaron una serie de allanamientos en Montevideo al 745 de Rosario y en hoteles de la ciudad de Buenos Aires.
En esa ocasión, la PSA secuestró casi 3 millones y medio de pesos; más de 230 mil dólares; 16.900 euros; un arma de fuego larga de combate; un chaleco antibalas y otros elementos que, por su posible vinculación a los hechos, resultaron de interés para la causa.
A su vez, unos 0,26320805 bitcoin con una valoración de mercado de 2.5 millones en el momento de los allanamientos, que fueron transferidos a una billetera judicial.
En una extensa entrevista titulada “Lo que esconde «Argentina Studios»” María, una de las denunciantes, dijo al portal Feminacida que “existe una situación de vulnerabilidad económica” en el perfil de las víctimas de la presunta red de trata.
“Nuestro país –dijo– atraviesa una situación compleja, y estas redes crecen en contextos así. La propuesta es bastante estetizada. A veces, cuando la gente piensa en la trata de personas, imagina un lugar oscuro en una provincia remota, algo lejano, pero aquí sucedió en Palermo, en Güemes y Cabildo, en Bolívar y Estados Unidos, en pleno San Telmo. No es que te citen a una oferta laboral en el fondo del conurbano. Son lugares muy bonitos, y juegan mucho con eso. Hay una sensación de cenicienta, te llevan a lugares hermosos, te tratan como una estrella, crean perfiles en redes sociales y compran seguidores. Al mismo tiempo, los consumidores de este contenido te dicen todo el tiempo que sos hermosa, te halagan. Esto, multiplicado por tantas horas de exposición, comienza a generar una gran disociación”.
Esta semana los fiscales solicitaron al juez federal Sebastian Casanello llevar a juicio a Javier Z., Manuel F., Michael R. G. Además de Laura “Mía Greco” R. María T. P., Andry B., Macarena A., Edwin R., Luis S. P. y Thifani B. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó sus procesamientos el 11 de noviembre.
Nueve de las diez personas involucradas fueron acusadas de los delitos de asociación ilícita (dos de ellas en calidad de jefes, una en carácter de organizador y las restantes seis como miembros) y de trata de personas agravada por haber mediado engaño, violencia, intimidación y coerción, por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, por haber sido perpetrada contra más de tres víctimas, una de ellas embarazada, y por haberse consumado la explotación en cuatro oportunidades (tres en calidad de coautores y seis en grado de partícipes necesarias).
La restante fue acusada como partícipe secundaria del delito de trata con las mismas agravantes que el resto.
Por otra parte, uno de los miembros de la organización fue acusado de haber causado un aborto a una de las víctimas, en carácter de autor, y otra persona fue acusada del delito de tenencia de material estupefaciente, como autora.
Según la acusación, la organización criminal se encargaba de captar a las víctimas a través de una oferta laboral engañosa que se publicaba en páginas web y redes sociales a través de eslóganes como “sé parte de esta empresa, no lo sueñes, vivilo”, por los cuales los imputados pretendían dotar a su propuesta de “profesionalidad” y “legalidad”.
Según la acusación, la organización engañaba a sus víctimas ofreciéndoles grandes ganancias económicas en dólares por supuestas transmisiones eróticas durante jornadas de 8 horas, capacitaciones, libertad en los contenidos de las transmisiones e incluso fama.
La denunciante que hizo pública su historia dijo: "Es crucial contarlo debido a la gravedad de estos lugares. A veces se minimiza con la publicidad que promete riquezas al sumergirse en este estudio. Sin embargo, esto te lleva a la muerte; no es solo una estafa, sino una amenaza mortal. Es fundamental concienciar a las chicas para que puedan darse cuenta y hablar a tiempo".
Según el requerimiento de elevación a juicio, para lograr su cometido los imputados comenzaron a modificar las condiciones propuestas a las víctimas, exigiéndoles la realización de actos de índole sexual cada vez más explícitos en contra de su voluntad, tanto durante las transmisiones en vivo como en sesiones fotográficas.
“Estas imágenes y videos quedaban bajo el dominio exclusivo de los «estudios webcam» por lo que no solo las comercializaban una y otra vez sin ningún tipo de control, sino que también las podían usar para extorsionar a las víctimas con su difusión”, detallaron los fiscales en su dictamen.
En tal sentido, remarcaron que, para sostener el sometimiento de las víctimas y su explotación, los imputados las denigraban con insultos, las incitaban a consumir alcohol y estupefacientes, las responsabilizaban por la falta de generación de ganancias y las endeudaban con la organización a modo de “inversión”, exigiéndoles la compra de lencería, indumentaria, cremas y vibradores, cuyo valor en dólares era descontado de sus ingresos.
Al mismo tiempo, les imponían un régimen de sanciones sobre la base de multas en dólares por llegar tarde, ausencias, demoras en el baño, negarse a la realización de producciones de fotos, utilización del teléfono celular e, incluso, alimentarse.
Añadieron que la investigación permitió determinar que la explotación sexual de las víctimas no se limitó al “negocio sexcam”, sino que incluyó también “encuentros sexuales presenciales/pases” con personas del entorno de la organización.
González y Mángano le atribuyeron a uno de los acusados –quien oficiaba de “monitor”, es decir, de instructor – el haber sometido a una de las víctimas a un aborto inducido con pastillas, sin su consentimiento, y a transmitirlo vía streaming como contenido underground con el propósito de incrementar las ganancias de la organización.
Para el Ministerio Público Fiscal, la ganancia económica producto de la explotación sexual de las víctimas se materializaba mediante la obtención de “tokens”, moneda de cambio utilizada en las plataformas chaturbate, stripchat, xlovecam, cam4, entre otras. Indicaron que la organización habría creado una firma destinada a monetizar los saldos de las plataformas y convertir en dinero físico el rendimiento generado por su explotación, sobre el cual las víctimas no tenían ningún tipo de control.
En este sentido, los representantes del MPF entendieron que el denominado sexo virtual es una variante de la práctica sexual en general y que, en los mismos términos, se podría hablar de "explotación sexual de mujeres en entornos virtuales".
“No hay explotación sexual. No hay delito de trata. Se hizo un análisis abstracto de la ley. Con mentiras y con inexactitudes alcanza para meter a diez personas presas. Presentamos a diez modelos como testigos para que cuenten la realidad, no citaron a nadie. No proveyeron prueba. Para poder subir las producciones a los sitios se tienen que cumplir ciertos requisitos que impiden que haya situaciones de trata”, dijeron al diario La Nación los abogados Sebastián Maison y Gustavo Hechem, defensores de cinco de las personas procesadas, en octubre de 2023.
