La fiscal Gabriela Lescano, cuya oficina –supuestamente montada de forma paralela al Ministerio Público de la Acusación– fue allanada la semana pasada en Cañada de Gómez, se encadenó a las barandas del edificio de los tribunales provinciales de esa ciudad en la mañana de este lunes. Aseguró que lo hará todos los días por el plazo de tres minutos para que le den una respuesta sobre la investigación en su contra por presunto incumplimiento en los deberes, que es llevada adelante por la fiscal de Casilda Marianela Luna.
El miércoles de la semana pasada, después del procedimiento, Lescano se dirigió a la comisaría de Cañada de Gómez para que le indiquen si iba a quedar detenida o despedida en sus funciones.
“Es la forma que tengo de expresarme. Mientras tanto, voy a trabajar en mi horario como hice toda mi vida. Encadenarme es por las denuncias que me han hecho desde 2019. Como fiscal estoy cansada, ahora acabo de escuchar que se sanciona a fiscales por dar notas periodísticas”, dijo en diálogo con el medio digital Punto de Noticias.
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación remarcó: “Estoy esperando que me digan qué quieren hacer, si quieren detenerme o echarme. Entre el tribunal y mi cuerpo hay una cadena que trajo mi hijo de un viaje”.
“¿Me quieren afuera? Acá estoy. Todos los días me voy a atar tres minutos de manera simbólica”, concluyó.
La investigación contra la fiscal
De acuerdo a la información que brindó el Ministerio Público de la Acusación a Rosario3, el operativo en la oficina de Lescano se dio después de múltiples denuncias hechas por jueces y abogados por el desempeño de la propia fiscal.
El allanamiento, según afirmaron desde el MPA, se hizo en un local ubicado en la planta alta de la galería comercial "Mario", donde había una oficina. En ese lugar se encontró a una persona ajena al Poder Judicial con legajos de distintas investigaciones.
Como agregado, esa persona que estaba en la oficina era una víctima de un caso de abuso sexual que la fiscal Lescano había investigado.
En el local se incautaron una computadora de escritorio, una notebook, legajos de investigación y otros documentos. Todo fue remitido a la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación.
