A la par de la verificación de nombres de políticos, familiares y ex funcionarios, la Justicia de la provincia de Santa Fe analiza si reconocidos empresarios y médicos de la salud privada fundamentalmente de Rosario como Roberto Villavicencio -Grupo Oroño- o la familia Quaranta -Sanatorio de la Mujer- fueron víctimas de espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.
La investigación no se centra en escuchas ilegales ni -en la mayoría de los casos- seguimientos. Es la recopilación sistemática de información sobre personas físicas y jurídicas sin causa abierta ni control judicial, de forma discrecional, a dedo y desde bases de datos abiertas o cerradas pero centralmente desde oficinas y con personal del Estado provincial.
Surge a partir de la detección de informes y búsquedas desde el propio Ministerio, el OJO y el Organismo de Investigaciones de datos sobre patrimonios, viajes, sociedades y más de las posibles víctimas. Los investigadores sospechan y buscan constatar si efectivamente se realizaron sin jueces o fiscales solicitantes. Tampoco se conocen fines institucionales, por lo que los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez lo siguen de cerca.
El artículo 4 de la Ley de Inteligencia dice expresamente que "ningún organismo podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".
En la causa, de la que se conocen actuaciones públicas pero no la evidencia, que los funcionarios del MPA guardan con recelo hasta la inminente audiencia imputativa, constan declaraciones de personas a las que les habían asignado esas tareas, audios de WhatsApp y hasta mails con órdenes y requerimientos -algunos con alusiones directas a Sain-, además de algunas "carpetas" digitalizadas y fundamentalmente búsquedas en bases de datos de acceso desde el Estado con claves de funcionarios.
En declaraciones públicas, Sain negó la acusación aseguró que es víctima de lawfare y aseguró que todas las investigaciones se hicieron en el marco de asistencia a la Justicia. "Otra cosa es decir «vamos a hacer el perfilamiento de determinada persona» y buscar información de sus cuentas, de sus propiedades, eso es ilegal. Y negamos rotundamente ese tipo de actividades", dijo a El Litoral.
Los nombres
La llamativa recopilación de información, porque ninguno de los nombres que se detallan a continuación aparece vinculado a investigaciones penales, organizaciones criminales ni similares, y su actividad se conoce públicamente desde hace años en la ciudad, involucra ni más ni menos que al médico y empresario Roberto Villavicencio, presidente del Grupo Oroño -titulares del Sanatorio Parque- y de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Rosario.
Villavicencio no tiene conflictos públicos penales conocidos más allá de disputas netamente empresariales como se dieron entre octubre de 2020 y marzo de 2021 con el Gobierno de Santa Fe por la cesión de parte de un negocio con Iapos al creciente grupo rafaelino Tita, que encabeza Carlos Tita.
Junto a Villavicencio, la recopilación de información alcanza a todo el directorio del Grupo Oroño: el vicepresidente y director médico Carlos Lovesio, el vice segundo y jefe de Cirugía Cardiovascular José Luis Sgrosso y los directores Juan José Boretti, Susana Toncich (CPN), Ricardo Ercole (CPN) y Mario Roncoroni.
Asimismo, alcanza al médico Eduardo Javkin, vicepresidente del Sanatorio de Niños - también del Grupo Oroño- y padre del intendente de Rosario, Pablo Javkin.
El perfilamiento, presuntamente sistemático, abarca a personas físicas y también jurídicas, algo prohibido por la ley. El propio Sanatorio Parque S.A., el Sanatorio Plaza de Rosario y el Colegio de Farmacéuticos de Rosario podrían ser algunas de una nómina que analizan las autoridades judiciales.
Misma suerte corrieron las caras visibles del Sanatorio de la Mujer. Los fiscales tienen rastros de búsquedas desde el Estado de información sobre Pablo José Quaranta (presidente), la sucesión de Pablo Agustín Quaranta y el directorio compuesto por Alfonso Quaranta (vicepresidente), Andrés Quaranta (director), Carlos Navone (Gerente General) y el contador Gustavo Minoldo (gerente comercial).
Otros empresarios de la salud rosarina como Fabián Fay, dueño de los laboratorios Cibic, y el fallecido obstetra Eduardo Paquez, que desarrolló su profesión -entre otros- en el Hospital Italiano, el Sanatorio de la Mujer y el Británico.
En la ciudad de Santa Fe, una de las presuntas víctimas es Joaquín Páez Allende, referente del Instituto de Ojos que lleva el apellido familiar, y del Hospital Italiano de Buenos Aires los profesionales Marcelo Figari y Atilio Miguens.
Autorizan peritar celulares
Tras la publicación de Rosario3 del lunes pasado, legisladores y ex funcionarios como el diputado Maximiliano Pullaro, el asesor Pablo Cococcioni y el concejal santafesino "Paco" Garibaldi recurren a la Justicia para pedir información.
Los fiscales buscan resguardarla al menos hasta la audiencia imputativa a la que serán citados Sain y otros ex funcionarios -todos fueron notificados de la causa-, habrá una audiencia debate luego de la feria judicial. Los fiscales pidieron duplicidad de plazo por ser causa compleja mientras los abogados piden conocer la prueba para poder ejercer la defensa de los involucrados.
Mientras tanto, el juez Nicolás Falkenberg fijó fecha para la pericia de los celulares secuestrados en los procedimientos en el Ministerio de Seguridad, sobre algunos de los cuales ya se inició la extracción de información. Al autorizar la apertura, validó la requisa, que había sido cuestionada por los implicados.
