El gobierno de Santa Fe dio de baja 47 comedores “fantasma” desde enero de este año, cuando inició una auditoría, pero, en paralelo, habilitó 72 nuevos centros que no estaban registrados

Si se contrasta la cantidad de espacios comunitarios que recibían recursos de forma irregular con los nuevos detectados (que no eran reconocidos en la provincia), el resultado es que hay más espacios oficializados para atender la demanda creciente de alimentos que el año pasado. 

Ramón Soques, secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Territoriales de Santa Fe, afirmó que la provincia comenzó el relevamiento de comedores desde el 2 de enero con el formato de visitas a cada uno de los espacios y para “optimizar los recursos”

“Tenemos el 50% de los comedores auditados, con una suspensión de casi la mitad y el cierre definitivo de 47”, dijo en el programa El Contestador (Radio 2).

Soques denunció que, como ocurrió en Nación, detectaron espacios "fantasma". Lugares que no estaban en la dirección brindada. Había un baldío o un galpón o no cumplían con los objetivos de repartir alimentos.

“Encontramos muchas irregularidades por no rendición de cuentas o falta de papeles. La gran mayoría son leves porque relevamos desde sedes de Caritas a comedores que armaron un grupo de familias por necesidad y que no tienen contador ni abogado, y en esos casos los acompañamos para que puedan regularizar”, agregó.

La contracara de esa acción, que busca la optimización de los recursos y no el ahorro en un tema tan sensible como la comida, “nos permitió dar el alta a 72 nuevos comedores, que venían funcionando con esfuerzos propios o con ayuda de privados y hoy tienen aporte de la provincia porque funcionan bien”.

“El dinero no se guarda, esto no es por ahorro de plata sino para mejorar el reparto. De hecho, dimos un aumento de 100% en promedio de las distintas líneas de acción alimentaria (que se suman a los comedores escolares que dependen de Educación).

Soques contó que tanto el gobernador Maximiliano Pullaro como la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, mantuvieron reuniones con funcionarios nacionales por este tema “aunque no se pudo avanzar mucho” y el contacto era “con la persona echada, (Pablo) De la torre, y hoy nos quedamos sin interlocutor”

“En estos seis meses no hemos recibido aporte sustancial de alimentos de Nación”, confirmó.

Por otro lado, el secretario de Políticas de Inclusión dijo que harán “un reempadronamiento de comedores junto a la Municipalidad y ver las familias que atienden esos comedores”. Familias que, conocedoras de los circuitos de asistencia, puedan recibir ayuda desde distintos lugares al mismo tiempo.

Soques no eludió el tema de fondo: la megadevaluación del peso que disparó la inflación desde diciembre y agravó un escenario que ya era muy grave (55,5% de pobreza y 17,5% la indigencia, el último dato de la UCA): “Es una situación complicada, se ven personas mayores que van a pedir un plato de comida. Lo pueden decir también los ex combatientes de Malvinas, gente que no está en situación de calle, vecinos que no llegan a fin de mes y que apelan a lo que pueden”.

Según el informe que publicó el periodista Damián Schwarzstein en Rosario3 la auditoría avanza sobre 865 centros comunitarios inscriptos en el programa de tarjeta institucional.

En algunos casos se registran irregularidades que el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano considera graves: comedores “fantasma” o que los lugares señalados existían pero no cumplían esa función, sustracción de identidad o desvío de fondos. De los más de 400 comedores auditados, 160 tuvieron algún tipo de suspensión.