La seccional Rosario del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) dio a conocer, a través de un comunicado difundido este domingo, un aumento de despidos “sin causa” en instituciones educativas privadas de la ciudad.
“En la primera quincena de enero se ha tomado conocimiento de más de 15 situaciones de despido o 'reducción de horas cátedras', modalidad que encubre el despido parcial”, precisaron en el comunicado.
Desde el gremio de los docentes privados alertaron que “la cifra no tiene antecedentes en los años anteriores, debiendo remontarse a más de una década para encontrar un escenario similar”.
En este panorama planteado por el gremio, señalaron que les resulta “imposible desligar el aumento de los despidos de 2024 con la entrada en vigencia (suspendida cautelarmente por la Justicia del Trabajo) del DNU 70/2023 del Gobierno Nacional encabezado por el presidente Javier Milei”.
En este sentido, el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, consignó: “Es innegable que el clima de época ha impulsado a patronales inescrupulosas a ajustes sobre la nómina de personal para sostener su margen de rentabilidad e ingresos a costa de la calidad educativa y la carrera profesional de los docentes despedidos. La retórica discursiva y el DNU alientan los despidos. Nunca faltan empresarios educativos que se suben a la ola”.
Aseguró entonces que se llevó adelante “la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Educación”, y adelantó que se accionará en el Ministerio de Trabajo “buscando la reinstalación de todos los docentes que así lo han solicitado, acompañando las acciones con todas las medidas gremiales pertinentes las cuales incluyen medidas de fuerza en los establecimientos infractores en el reinicio de las actividades”.
En la misiva difundida en medios, recordaron: “En 2016, de manera conjunta, las Seccionales Rosario y Santa Fe de Sadop lograron una reforma en la Ley de Educación Privada Provincial que expone a la pérdida del subsidio estatal a aquellas instituciones educativas que dispongan “despidos sin causa” lo cual implica el pago de una indemnización. La reforma fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras y con un solo voto en contra”.
Lucero expresó: “Después de años de lucha, la Legislatura nos dio la razón: el Estado no puedo subsidiar por vía indirecta el pago de indemnizaciones, que el propio Estado no paga. Si una escuela quiere despedir a un docente que haga el sumario respectivo, como lo dice la Ley de Educación Privada. Si no que pierda el aporte del cargo”.
Despido por discriminación
En este marco planteado por el sindicato de los docentes privados, apuntaron sobre un despido discriminatorio. Tal es el caso de Franco Casasola, secretario docente del Instituto D'Ibarre, según sostiene el gremio.
“Franco es un reconocido militante político y gremial, afiliado a Sadop. Su desempeño a lo largo de más de 4 años en la institución ha sido intachable, recibiendo el reconocimiento de sus pares y el personal directivo de la institución. De manera intempestiva en la primera semana de enero (previo a la suspensión del DNU) fue despedido por el representante legal del Instituto”, consignaron.
En los meses previos, Casasola, junto con un grupo de docentes, venía reclamando el pago de salarios en tiempo legal, “ya que cobraban después del 10 de cada mes, y la institución recibe aportes de estado”, destacaron.
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Entonces desde Sadop expresaron: “La entidad propietaria no puede pagar a término pero sí tiene dinero para despedir a un trabajador con una trayectoria intachable por reclamar el pago que por derecho le corresponde”.
En ese sentido, Lucero expresó: “El caso de Franco Casasola es paradigmático. Tiene el respaldo de todo el personal docente de su escuela y del personal directivo. Un legajo intachable. Claramente lo despiden por reclamar que se cobre en término. Un despido que busca ser aleccionador y generar un antecedente. Es vergonzoso el accionar de empleador. Debería recibir la sanción correspondiente y no poder tener más escuelas a cargo”.
“El 2 de enero recibo un telegrama de despido y así empezó mi año, sin laburo", sostuvo el docente por su parte. "Fue una sorpresa absoluta. Durante 20 años no pagaron aguinaldos. Se quedaban con la plata que les mandaba el Estado. Después de pelearla mucho logramos que nos paguen desde el 2021 el aguinaldo completo. Todos los meses cobrábamos los sueldos entre el 15 y el 20, lo cual es insostenible en la vida cotidiana para cualquier trabajador. Esto lo he reclamado muchas veces representando a mis compañeros por lo cual es absolutamente claro que mi despido es persecutorio por el rol de delegado que cumplo dentro de la institución", agregó.
Sobre las acciones a seguir, Lucero expresó: “Franco ha iniciado las acciones legales correspondientes con los abogados del Sindicato. Además, hemos realizado la denuncia en el Ministerio de Educación. Haremos lo propio en el Ministerio de Trabajo. Creemos que más allá de los procedimientos administrativos, las autoridades ministeriales tienen que tomar cartas en el asunto e impedir estas acciones. Un empleador que no paga en término y recibe fondos del estado ¿Con qué cara paga indemnizaciones? El Estado debe impedir estas conductas”.
Para finalizar, Lucero manifestó: “Agotaremos todas las instancias para lograr la reincorporación de Franco Casasola, incluso las medidas de fuerza en la institución. Esperamos que la patronal reconsidere esta medida arbitraria y evite males mayores al proyecto educativo que tienen en manos”.
