Contrapunto entre Greenpeace y el gobierno de Chaco por las alarmantes cifras de los desmontes

Greenpeace publicó el pasado 11 de julio un informe sobre el avance de la deforestación en provincias del norte del país. La ONG ambientalista asegura que entre enero y junio de 2024 se deforestaron casi 60 mil hectáreas. “Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema”, dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace. Frente a semejante diagnóstico, el gobierno chaqueño salió al cruce de los datos difundidos.

Haciendo uso de imágenes satelitales, Greenpeace indicó que durante el primer semestre del año se desmontaron 59.557 hectáreas, un 15% más que en el mismo periodo de 2023 (51.600 hectáreas) en esa región.

Desglosado por provincias, el informe detalló que entre enero y junio de 2024 la deforestación en Chaco alcanzó las 27.148 hectáreas; en Santiago del Estero 21.047 hectáreas; en Formosa 7.162 hectáreas; y en Salta 4.200 hectáreas; totalizando 59.557 hectáreas, el equivalente a tres veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.

“Nos preocupa mucho este aumento de la deforestación y que la mayoría sea ilegal. En Chaco todos los desmontes se hicieron violando la suspensión que dictó la justicia provincial a fines de 2020. Para peor, recientemente se sancionó una flexibilización de su ley provincial. Mientras que en Santiago del Estero el gobierno autoriza desmontes para ganadería donde no está permitido”, señaló Giardini.

“Es evidente la complicidad entre gobiernos y empresarios agropecuarios para arrasar con nuestros bosques con total impunidad. Todo esto ya lo denunciamos ante la Corte Suprema”, añadió a continuación.

Sin embargo, el funcionario Gustavo Vázquez, director de Bosques de Chaco, dijo en diálogo con Diario Norte que la medición de Greenpeace no había sido correctamente realizada, porque se incluye allí “una visión amplia que contempla no sólo los desmontes ilegales sino también actividades autorizadas como los sistemas silvopastoriles y los deslindes”.

“Ellos toman, por dar un ejemplo, en los cambios de cobertura los silvopastoriles y los deslindes. Es decir, todas esas cuestiones que hacen al trabajo propio de un establecimiento, pero que no se podría considerar un desmonte”, explicó.

Frente a esto, el funcionario marcó diferencias entre las cifras presentadas por Greenpeace y aquellas registradas por la Dirección de Bosques, que, en teoría, se enfocan exclusivamente en los desmontes clandestinos e ilegales.

Según este funcionario chaqueño, la ONG sumó 7.000 hectáreas que se encuentran autorizadas para realizar deslindes y planteos silvopastoriles, que no deberían ser contabilizadas junto con aquellas que fueron deforestadas ilegalmente.

“Si nosotros tomamos todos esos números, números que son legales y que están autorizados, nos van a dar un número superior. Nosotros tomamos los números que son desmontes clandestinos, desmontes que son ilegales y que están en contra de la normativa”, remarcó.

Greenpeace recordó que “la principal causa de la pérdida de bosques es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja, que en gran medida se exportan a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente”.

“La deforestación provoca cambio climático, desaparición de especies, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, y pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que debería llevar a que los gobiernos actuaran en consecuencia, prohibiendo los desmontes, en lugar de promoverlos” afirmó Giardini. Y finalizó: “Por otra parte, el sistema de multas no es suficiente contra la ilegalidad, por lo que la penalización se hace necesaria”.

En ese marco, el gobierno chaqueño recogió el guante y sostuvo que se están tomando medidas “efectivas” para controlar la situación. "Nosotros paramos la inercia con la cual veníamos todos estos años", afirmó Vásquez, refiriéndose a la tendencia creciente de deforestación desde 2018. Según sus datos, si no se hubieran tomado medidas, en 2024 se podría haber alcanzado una deforestación de 50.000 hectáreas.

Una de las acciones más destacadas fue la incautación de topadoras utilizadas en desmontes ilegales. "Tenemos 17 topadoras secuestradas, de las cuales aún tenemos 12 que no se entregaron".