La escena se repite en distintos sanatorios y clínicas de Rosario. Los pacientes llegan a la hora de la consulta preestablecida. Con su credencial digital, en algunos casos; con sus órdenes o sus bonos de atención médica, en otros, y se encuentran con respuestas que los descolocan: “Tiene que abonar la consulta. La obra social está cortada por ahora”.
La preocupación se instala en el paciente porque sabe que, en la mayoría de los casos, la consulta derivará en chequeos, laboratorio o pruebas de diagnóstico que a su vez, requerirán autorizaciones y eventualmente, erogación de dinero de su propio bolsillo —en caso de que lo tenga— si la obra social a la cual aporta todos los meses, desde hace años, permanece “cortada”, como le informa la secretaria.
Del otro lado del escritorio, está el prestador del servicio de salud: sanatorios, clínicas y hospitales privados que reclaman financiamiento y anticipan agravamiento del cuadro, no sólo para obras sociales, sino también para prepagas, en los próximos meses, si no se revierte esta situación.
En el último mes y medio, la situación se fue complejizando más: Iapos cortado; el Grupo Oroño suspendió las prestaciones a la prepaga Osde; beneficiarios de Sancor denunciaron haberse quedado sin servicios del Instituto Gamma y como consecuencia, numerosos beneficiarios del sistema de salud privada se vieron transitoriamente, sin sus habituales prestaciones.
“El panorama desde nuestro punto de vista es dramático —explicó en diálogo con Rosario3, el presidente del Sanatorio de la Mujer y presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados de Rosario, Pablo Quaranta—, y agregó: “Por un lado, se dio un aumento en todos los costos. Paritarias 2024 que ya se están negociando, medicamentos e insumos que aumentaron por sobre cualquier parámetro, servicios como luz, seguridad, alimentación, entre otros, que también aumentaron mucho. Los que menos se incrementaron, estuvieron cerca de la inflación del 211%, en 2023 y del 66% en lo que va de 2024. Mientras que en relación con los ingresos, los porcentajes fueron otros: obras sociales, en promedio,170%; Pami, similar; medicina prepaga,130%, Iapos,183%. En resumen: muy por debajo de la inflación y de las paritarias y cobrando en promedio, 60 días tarde y con los pocos beneficios que existían, ahora derogados. Por donde se lo mire, muy complicado, y en lo que va de 2024, la situación es la misma y en vías de complicarse más todavía”, afirmó el diectivo.
En cuanto a la interrupción de determinadas prestaciones en clínicas y sanatorios privados, Quaranta precisó que “son definidas por cada efector o por cada grupo” y que se deben a “la gran distancia entre los valores pretendidos por los sanatorios y los que ofrecen y pueden pagar las prepagas y obras sociales nacionales, provinciales y el Pami, según los casos”.
El problema con las prepagas
En relación con las prestaciones a los beneficiarios de la medicina prepaga, el profesional señaló que “el problema terminó de explotar con las medidas tomadas por el Gobierno, después de los aumentos que habían sido aplicados. Las causas no varían. En todos los casos refieren a la gran diferencia entre los costos sanatoriales y los recursos con que cuenta la obra social”.
Este viernes se anunció que la Justicia postergó el plazo para que las prepagas devuelvan los excedentes aplicados en los últimos meses; sin embargo el tema sigue pendiente de resolución.
En este punto, Quaranta aseguró: “El problema va a ser mayor con las prepagas, si tienen que devolver parte de los aumentos ya aplicados. Probablemente, no trasladen aumentos a los sanatorios, durante varios meses. Si eso sucede (en teoría tendrían que trasladar un aumento igual al Índice de Precios al Consumidor, IPC, cada mes) y no trasladan nada por varios meses, sería muy difícil para los sanatorios, continuar con sus acuerdos paritarios y con sus prestaciones médicas. La situación también dependerá —agregó— del comportamiento de la inflación”.
Lo que viene
Ante este complejo panorama ya descripto, Quaranta señaló que “las perspectivas son complicadas. Estamos en una situación económica y social difícil, quizás similar a la de 2001, y este sector no puede quedar afuera de esa realidad”.
En cuanto a la situación particular de la ciudad, el directivo apuntó: “lo preocupante es que el sistema privado de salud, por lo menos en Rosario, debe atender entre el 65% y el 70% de la demanda en salud y creo que hay que cuidarlo. Es un sistema que funcionó y todavía funciona bien; con gran nivel de profesionales médicos e instituciones que están a la altura de cualquier país del primer mundo. Sería una pena que esto se deteriore. Y tanto los profesionales médicos como los trabajadores y las mismas instituciones no pueden ajustar más, sin perder calidad.
Como prioridad para quienes tienen en sus manos la toma de decisiones que rigen el actual sistema de salud en Argentina, expresó: “Creo que deberían preguntarse, primero, qué nivel de salud queremos tener, y a partir de esa respuesta, considerar, luego, que el financiamiento tiene que estar. La buena salud es cara —aseveró— y estamos en un país en desarrollo. Para tener una salud de la calidad que tenemos, necesitamos recursos. Eso es difícil en un país con tantas necesidades”, concluyó el profesional.
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